El 21 de abril de 2026, la Fiscalía formuló cargos contra seis personas por su presunta participación en el delito de extorsión en contra de un ciudadano dedicado a la agricultura en la parroquia urbana de Pascuales, norte de Guayaquil.
Los imputados, según la investigación, exigían el pago de 10.000 dólares a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.
Investigación de la UNASE
La Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase) conoció el caso el 17 de abril de 2026 tras la denuncia formal de la víctima, quien recibió mensajes de texto con amenazas de muerte y posteriormente instrucciones para transferir dinero a una cuenta bancaria.
La intervención policial permitió la aprehensión de los sospechosos y evitó el pago completo del monto exigido, en un contexto nacional donde la extorsión se ha consolidado como una de las principales amenazas a la seguridad ciudadana.
Hizo un depósito
La víctima relató que inicialmente recibió mensajes intimidatorios exigiendo el pago. Ante la presión, depositó 50 dólares como adelanto y, de inmediato, acudió a las autoridades. Esta acción permitió activar el protocolo de la Unase y recopilar las evidencias necesarias para identificar a los involucrados.
Las investigaciones determinaron que la titular de la cuenta bancaria utilizada para recibir el dinero era una mujer aprehendida en el sector Metrópolis 2, norte de Guayaquil. Según su versión, su pareja sentimental, privado de libertad en la Penitenciaría del Litoral, le solicitó facilitar la cuenta para el cobro.
Operativo policial
Con esta información, la Policía Nacional solicitó y obtuvo una orden de allanamiento al centro penitenciario. En el pabellón 9, ala 4, celda 2 de la Penitenciaría del Litoral, se aprehendió a los demás privados de libertad presuntamente involucrados. Posteriormente, se identificó a una sexta persona en el recinto Chague, cantón Naranjito, quien habría colaborado proporcionando datos sobre la víctima para facilitar la extorsión.
Los seis aprehendidos fueron trasladados a la Unidad Judicial Cuartel Modelo junto con los teléfonos celulares incautados. Estos dispositivos contenían mensajes de extorsión y fueron ingresados en cadena de custodia como evidencia principal.
Audiencia de cargos
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la fiscal del caso presentó los elementos de convicción: el parte informativo de la Unase, las versiones de los agentes, los mensajes intimidatorios y el resto de las pruebas recopiladas.
El juez de Garantías Penales acogió el pedido fiscal y dictó prisión preventiva contra Andy Marvin C. U., Dayana Angeline O. C., Fabián Roberto Y. Y., Alexi Eugenio S. P. (alias "Chino"), Luis Miguel N. M. (alias "Pigo") y Myron Alonso L. L.
