La Fiscalía ejecutó este miércoles 22 de abril un allanamiento en la Dirección Nacional de Educación de la Policía, en Quito, como parte de una investigación previa por presuntas irregularidades en la compra de uniformes para cadetes.
El operativo se desarrolló en horas de la mañana y fue dirigido por agentes fiscales y personal especializado, quienes ingresaron a las instalaciones para recopilar documentación relacionada con contratos y procesos de adquisición.
Como resultado, tres ciudadanos fueron retenidos para rendir versiones dentro de la indagación.
Investigación en curso y recolección de indicios
De acuerdo con información oficial difundida en redes sociales, la Fiscalía confirmó que la intervención forma parte de una investigación previa, por lo que no se han revelado mayores detalles sobre los posibles responsables o el alcance de las irregularidades detectadas.
Sin embargo, se indicó que durante el procedimiento se levantaron documentos y otros elementos que serán analizados.
Además, las autoridades señalaron que las diligencias buscan esclarecer si existieron anomalías en la contratación de uniformes destinados a la formación de nuevos policías.
Alcance del delito de cohecho en la normativa ecuatoriana
Según la Fiscalía, los hechos investigados podrían enmarcarse en el delito de cohecho. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que esta infracción ocurre cuando un servidor público acepta o recibe beneficios indebidos, ya sea económicos o de otra naturaleza, a cambio de influir en decisiones relacionadas con sus funciones.
Las sanciones previstas para este delito van desde uno hasta siete años de privación de libertad, dependiendo de la existencia de agravantes o su relación con otras conductas ilícitas.
Antecedentes y contexto del uso irregular de uniformes
En relación con este tema, un reporte de Ecuador Chequea, señala que en los últimos 11 años se han emitido 32 sentencias contra personas por el uso indebido de uniformes de fuerzas de seguridad.
Aunque estos casos no están directamente vinculados con la actual investigación, reflejan antecedentes en torno al manejo irregular de elementos institucionales.
Por ahora, la Fiscalía continúa con las diligencias correspondientes, mientras los detenidos permanecen a la espera de rendir sus declaraciones dentro del proceso investigativo.
