La Comisión de Mesa del Municipio de Santo Domingo debe pronunciarse, entre hoy lunes 23 de febrero hasta este martes 24 de febrero, sobre la posible remoción del concejal Miguel Morocho, quien enfrenta un proceso penal por presunta tentativa de asesinato, mientras corre un trámite administrativo interno por inasistencias.
Dos procesos paralelos: penal y administrativo
El caso Miguel Morocho avanza en dos frentes. La justicia ordinaria tramita el proceso penal por presunta tentativa de asesinato, un hecho que habría ocurrido en marzo de 2025. La víctima sería un exdirigente transportista.
En septiembre del año pasado, una jueza dictó prisión preventiva. Morocho se encontraba fuera del país con licencia del Concejo. Tras confirmarse su presencia en Colombia, la autoridad judicial emitió boleta de captura internacional.
Interpol lo detuvo en enero de 2026 cuando, según el las autoridades, intentaba viajar a Venezuela. Desde entonces permanece detenido y no ha asistido de forma presencial al Municipio de Santo Domingo.
Mientras tanto, el Concejo activó un procedimiento administrativo. La Comisión de Mesa debe analizar si existen causales para su remoción conforme al artículo 334 literal C del Cootad.
Pedido formal de remoción
La concejal alterna Jazmín García presentó una denuncia formal ante la Comisión de Mesa. Ella solicitó se trate la remoción por inasistencias consecutivas a sesiones convocadas.
"Santo Domingo no necesita tener concejales que legislen desde una cárcel", afirmó García en rueda de prensa. Añadió que el trabajo debe realizarse en territorio y con presencia activa.
García sostuvo que desde el 30 de enero de 2026, fecha en que terminó una licencia otorgada a Morocho, el concejal no ha comparecido a sesiones. Según indicó, ya acumula tres faltas consecutivas, una causa de destitución.
Además, señaló que en octubre y noviembre presentó certificados médicos. Por ello, en enero interpuso una denuncia en Fiscalía para que se investigue la validez de esos documentos, puesto que considera existirían, al parecer, inconsistencias considerando que los certificados fueron otorgados por centros de salud de cantones de Ecuador, cuando al parecer el edil estaba fuera del país.
García dijo que existe "la intención de que se haga analogías legales" con respecto a situaciones que atraviesan otras autoridades. "Ejemplo, se pretende hacer comparaciones de la situación legal que actualmente atraviesa el concejal con la situación que atraviesa el alcalde de Guayaquil y el alcalde de Pujilí", explicó.
"No lo permitiré, porque les recuerdo a los santodomingueños que este espacio, este curul, es de un movimiento político. Yo como joven y siendo parte de ese 25% de los jóvenes que hacen voz en el Concejo Municipal, no permitiré que se me vulnere mi derecho a suceder ese curul, que legalmente el señor lo tiene perdido desde el 9 de septiembre", enfatizó
Postura de la bancada
Los concejales de la bancada de Revolución Ciudadana respaldaron el pedido. Aclararon que Miguel Morocho no integra esa organización desde mayo del año pasado.
Alberto Pantoja, director provincial, expresó que exigen una respuesta dentro del plazo legal. "Estamos decididos desde el primer día a que se cumpla la ley", afirmó.
La Comisión de Mesa la preside el alcalde Wilson Erazo, junto con la vicealcaldesa Clara Hinojosa y el concejal Mario Pazmiño. El organismo tenía cinco días para responder al pedido inicial.
Luego, las partes pueden presentar pruebas de descargo en un nuevo plazo. Después, el Concejo Municipal debe pronunciarse en sesión formal.
Argumentos jurídicos: causales de remoción.
El abogado Julio César Calero explicó los supuestos legales. Señaló que la calidad de concejal se pierde por renuncia, sentencia ejecutoriada, prohibición laboral o muerte.
Indicó que también procede por ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas. "Del 30 de enero hasta la fecha no ha venido a laborar y ha incurrido en tres inasistencias", sostuvo.
Calero afirmó que la detención no constituye justificación administrativa. "No puedo justificarme diciendo estoy preso", dijo.
Según su criterio, la Comisión de Mesa debe aplicar el literal C del artículo 334 del Cootad. De aprobarse la remoción, García asumiría la titularidad de la curul.
Antecedentes administrativos
Desde septiembre, Miguel Morocho no asiste de forma presencial al Municipio de Santo Domingo. Participó en sesiones mediante conexión telemática antes de su detención.
En diciembre, el Concejo aprobó vacaciones adicionales. Durante ese periodo, Jazmín García ocupó la curul principal hasta el 30 de enero de 2026.
Tras concluir la licencia y mantenerse la prisión preventiva, Morocho no volvió a comparecer. Esa situación motivó el pedido actual ante la Comisión de Mesa.
El caso Miguel Morocho mantiene atención pública por su doble dimensión. La vía penal seguirá su curso en la justicia ordinaria. El ámbito administrativo depende ahora del pronunciamiento que emita la Comisión de Mesa este 24 de febrero.
