El movimiento Unidad Popular realizó el martes 7 de abril un plantón en los exteriores del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Portoviejo, como parte de su estrategia de defensa ante un proceso de eliminación del registro de organizaciones políticas.
Dirigentes y militantes de la organización política se concentraron en la delegación provincial del organismo electoral, en una jornada que forma parte de una serie de movilizaciones convocadas a nivel nacional.
Mery Zamora, subdirectora nacional de Unidad Popular, indicó que estas acciones responden a una estrategia que combina mecanismos políticos, jurídicos y constitucionales para enfrentar el proceso iniciado por el CNE.
"Pero, aún así, el CNE todavía no ha contestado y rebatido todos los alegatos que hemos presentado".
Mery Zamora, vicepresidenta nacional de Unidad Popular
La dirigente recordó que esta actividad se produce tras una movilización desarrollada el 1 de abril en Quito, donde participaron afiliados y simpatizantes del movimiento.
Presentación de descargos y cuestionamientos
Según informó Zamora, el domingo 5 de abril el movimiento presentó ante el CNE los descargos y alegatos legales con los que busca demostrar que cumple con los requisitos establecidos en el Código de la Democracia.
No obstante, señaló que hasta el momento el organismo electoral no ha emitido una respuesta sobre los argumentos presentados.
Además, la dirigencia sostiene que el proceso de cancelación no se ajusta a los plazos establecidos en la normativa vigente, en referencia al artículo 327 del Código de la Democracia.
Debate sobre plazos y proceso electoral
De acuerdo con lo expuesto por el movimiento, la normativa establece que la cancelación de organizaciones políticas puede resolverse hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones.
En este caso, se indicó que la convocatoria electoral está prevista para el 1 de agosto de 2026, por lo que el plazo límite para iniciar el proceso habría sido el 3 de abril de 2026.
Bajo este argumento, la organización considera que cualquier actuación posterior estaría fuera del tiempo establecido por la ley.
Recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral
Como parte de su estrategia legal, Unidad Popular presentó el 2 de abril un recurso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), solicitando un pronunciamiento sobre la legalidad del procedimiento.
Según la dirigencia, la jueza que avocó conocimiento del caso dispuso que el CNE entregue en un plazo de 48 horas la documentación técnica y jurídica que sustente el inicio del proceso.
Hasta el momento, los representantes del movimiento indicaron que se mantienen a la espera de esta información por parte del organismo electoral.
Afiliaciones y sustento del proceso
Uno de los principales puntos en discusión es el número de afiliados del movimiento. De acuerdo con la dirigencia, Unidad Popular cuenta con más de 200.000 afiliados, resultado de la fusión con el Movimiento Popular Democrático (MPD), aprobada por el propio CNE en 2020.
Sin embargo, el informe que sustenta el proceso de cancelación menciona más de 175.000 desafiliaciones, cifra que, según los representantes del movimiento, no ha sido demostrada de forma técnica ni documental.
En este contexto, la organización ha solicitado al CNE que certifique públicamente estos datos y respalde el informe que dio origen al procedimiento.
Anuncio de nuevas movilizaciones
Como parte de las medidas adoptadas, el movimiento anunció la realización de plantones semanales cada martes en distintas provincias del país.
Isaac Avellán, director provincial de Unidad Popular, indicó que estas acciones buscan visibilizar el rechazo al proceso y exigir el respeto al derecho de participación política.
La organización sostiene que una eventual cancelación de su personería jurídica podría afectar su participación en las elecciones del 29 de noviembre de 2026.
Expectativa de respuestas institucionales
Los representantes del movimiento señalaron que se mantienen a la espera de los pronunciamientos oficiales tanto del CNE como del Tribunal Contencioso Electoral.
Mientras tanto, continúan con su estrategia de defensa en las instancias legales correspondientes y con las movilizaciones anunciadas a nivel nacional.
