La Unidad Judicial Penal de Portoviejo ha marcado un punto de inflexión en la controversia del exaeropuerto Reales Tamarindos al ordenar al Alcalde del GAD municipal, Javier Pincay, la entrega inmediata de documentación clave este 6 de octubre, dentro de la causa N° 13283-2025-07184G, con el objetivo de sustentar la defensa de la economista Fressia Villacreses, quien enfrenta un proceso judicial por su oposición al proyecto Parque de Negocios Villanueva ejecutado en el predio.
El requerimiento judicial y la controversia de los predios
La jueza Lorena Palma Benavides, a cargo de la Unidad Judicial Penal, emitió un oficio perentorio que exige la entrega de la información en un término de cinco días. El requerimiento busca dilucidar la controversia central en la defensa de Villacreses: la supuesta modificación del estatus legal de los terrenos que, para sus defensores, son un bien patrimonial público inalienable.
La documentación solicitada es fundamental para establecer el contexto y el proceso administrativo que permitió la ejecución del proyecto Parque de Negocios Villanueva en la propiedad que antes funcionaba como terminal aéreo. La solicitud judicial incluye copias certificadas y el soporte legal que originó el cambio de denominación de “bien patrimonial público” a “bien particular”, facilitando su posterior negociación con empresas y personas privadas.
Documentos solicitados y plazos
La Unidad Judicial Penal ha sido específica en los documentos que el GAD Municipal del Cantón Portoviejo debe proporcionar como prueba crucial en el proceso. Estos elementos son esenciales para que la defensa de la economista Fressia Villacreses pueda argumentar sobre la legalidad de las acciones municipales en el predio del exaeropuerto.
Los documentos requeridos por la Jueza Palma Benavides son:
- Documentación del soporte que originó la modificación del cambio de denominación de bien patrimonial público a bien particular.
- Copias certificadas de los estudios de movilidad de tránsito que sustentan el diseño de las vías transversales que atraviesan los terrenos.
- Copia certificada del Decreto Ejecutivo del cierre del aeropuerto Reales Tamarindos.
- Copias certificadas del informe que analiza el proyecto de Ordenanza para reformar la propiedad y espacio público del bien inmueble municipal del aeropuerto.
El GAD Municipal tiene hasta el 11 de octubre para entregar la información solicitada a la Unidad Judicial Penal, cuyo incumplimiento podría acarrear consecuencias procesales. Este requerimiento judicial favorece el posicionamiento de la causa en la agenda pública y judicial, al exigir transparencia sobre el patrimonio público de Portoviejo.
Antecedente: la denuncia contra un Juez
Esta nueva acción judicial se contextualiza con una denuncia previa presentada ante el Consejo de la Judicatura. La denuncia fue interpuesta debido a una grave irregularidad en el proceso de Villacreses: la presunta negación de su legítimo derecho a la defensa por parte del Juez Juan Carlos Almache.
La defensa de la economista ha exigido una investigación completa de esta anomalía y solicita la máxima sanción permitida por la ley para el Juez Almache, que es la destitución. La orden emitida por la Jueza Palma Benavides subraya la seriedad de las diligencias preprocesales. También reafirma la lucha por la transparencia y la preservación de los bienes públicos en Portoviejo. La causa del exaeropuerto Reales Tamarindos continúa siendo un tema sensible y relevante para el desarrollo urbanístico de Manabí.
Este trámite se cumple en el marco de la apelación que ha hecho Villacreses en la sentencia de un año de prisión que emitió un Juez el pasado 31 de julio.
