El colectivo ProDefensa del Aeropuerto Reales Tamarindos presentó el 6 de marzo una Acción Pública de Inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador (CC), con el objetivo de que se analice la legalidad de la ordenanza que regula el uso y gestión del suelo del polo de desarrollo Parque Urbano y Negocios Villanueva de Portoviejo (primera fase), vigente desde marzo de 2022. El recurso busca determinar si la normativa municipal se ajusta a lo establecido en la Constitución.
La acción fue impulsada por el colectivo ciudadano que cuestiona la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de Portoviejo, la cual establece disposiciones para el desarrollo del proyecto urbano denominado Villanueva, cuya primera fase contempla la transformación del área donde funcionaba el aeropuerto Reales Tamarindos.
Según explicó Fressia Villacreses, representante del colectivo, la iniciativa plantea varias interrogantes sobre el proceso administrativo y jurídico que permitió modificar el uso del espacio donde se encontraba la infraestructura aeroportuaria.
Argumentos del colectivo ciudadano
De acuerdo con Villacreses, uno de los puntos centrales de la acción constitucional es solicitar a la Corte Constitucional que analice la motivación que sustenta el cambio de uso del terreno donde operaba el aeropuerto de Portoviejo.
La representante del colectivo indicó que el grupo considera que infraestructuras como aeropuertos y otros bienes estratégicos forman parte de competencias que corresponden al Estado central, por lo que solicitan conocer si existe documentación oficial que respalde la decisión adoptada a nivel municipal.
Entre las preguntas planteadas en la acción, el colectivo solicita conocer si existe un decreto ejecutivo o autorización formal del Presidente de la República que permita al municipio disponer de ese bien considerado estratégico, así como los documentos que respalden el proceso administrativo.
También cuestionan la ausencia —según señalan— de un informe de desafección del bien, documento que, de acuerdo con la activista, permitiría establecer si el terreno dejó de tener la categoría de infraestructura aeroportuaria antes de su transformación urbanística.
Solicitud de información y recurso constitucional
Villacreses indicó que el colectivo ha solicitado información sobre estos aspectos a distintas instancias relacionadas con el proyecto.
Según explicó, el grupo considera que la información recibida no ha sido completa, motivo por el cual decidieron recurrir al mecanismo constitucional para que el máximo órgano de control constitucional del país analice la normativa municipal.
La representante ciudadana señaló que la acción se fundamenta en disposiciones constitucionales que permiten a ciudadanos o grupos de ciudadanos presentar acciones judiciales cuando consideran que una norma podría contradecir la Constitución.
De acuerdo con el colectivo, el trámite ya fue ingresado y sorteado dentro de la Corte Constitucional, por lo que se encuentra en proceso de análisis preliminar para determinar si será admitido a trámite.
Postura de la empresa vinculada al proyecto
Por su parte, Roberto Kon, abogado de la empresa Portoshops, que desarrolla un centro comercial dentro del proyecto Villanueva, se refirió a la acción presentada ante la Corte Constitucional.
El jurista, de Portoviejo, señaló que el grupo empresarial recibió con sorpresa la nueva demanda, debido a que —según afirmó— la justicia constitucional ya se ha pronunciado anteriormente sobre el proyecto, ratificando su legalidad.
Kon sostuvo que, desde su perspectiva, las decisiones judiciales previas han confirmado la legitimidad del proyecto Villanueva y de las iniciativas urbanísticas asociadas, entre ellas el desarrollo del centro comercial.
Asimismo, explicó que en este tipo de acciones el órgano directamente demandado es el municipio, al tratarse de la entidad que emitió la ordenanza cuestionada.
Avance del proyecto Villanueva
El abogado indicó que la nueva acción constitucional no pone en riesgo el desarrollo del proyecto comercial denominado Capital Shopping, cuya fase de construcción inició el lunes 2 de marzo.
Según señaló, las obras del proyecto continúan como parte de la ejecución del plan urbano Villanueva, que contempla inversiones privadas y desarrollo inmobiliario en esa zona de Portoviejo.
Kon afirmó que el grupo empresarial continuará con la ejecución de las obras mientras la Corte Constitucional analiza el recurso presentado por el colectivo ciudadano.
El jurista también expresó su expectativa de que el máximo tribunal constitucional ratifique nuevamente la constitucionalidad de las decisiones adoptadas en torno al proyecto.
Explicación del mecanismo constitucional
El constitucionalista Manuel Cabrera explicó que la Acción Pública de Inconstitucionalidad es un mecanismo previsto en el sistema jurídico ecuatoriano que permite a los ciudadanos cuestionar normas o actos públicos cuando consideran que podrían vulnerar la Constitución.
Según Cabrera, cuando se presenta una acción de este tipo, la Corte Constitucional debe analizar si existen elementos suficientes para admitirla y posteriormente estudiar el fondo del caso.
El especialista indicó que el tribunal evaluará si la ordenanza cuestionada cumple con los principios constitucionales y con el marco legal vigente.
Contexto del caso
El colectivo ProDefensa del Aeropuerto Reales Tamarindos ha impulsado diferentes acciones legales relacionadas con el proyecto Villanueva en los últimos años.
En ese contexto, se recordó que Fressia Villacreses fue sentenciada a un año de prisión por el delito de falso testimonio, relacionado con procesos judiciales anteriores vinculados al mismo tema. Según la activista, la sentencia fue emitida de forma oral en 2025 y aún no ha recibido el documento escrito ratificado.
Mientras tanto, el proceso actual continúa su trámite en la Corte Constitucional, que deberá determinar si admite a trámite la acción presentada y posteriormente pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ordenanza municipal.
