La Policía Federal de Brasil presentó este miércoles 20 de agosto una denuncia formal contra el expresidente Jair Bolsonaro y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por presunta coacción al Supremo Tribunal Federal (STF) y obstrucción en la investigación sobre un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. La acusación señala que ambos intentaron interferir en el proceso judicial mediante una campaña financiada desde Estados Unidos para presionar al Gobierno y al Poder Judicial brasileños. El informe fue entregado al STF, que ahora evaluará los cargos.
La investigación apunta a que Jair Bolsonaro, bajo arresto domiciliario desde el 4 de agosto por violar medidas cautelares, habría financiado con hasta dos millones de reales (aproximadamente 300.000 euros) una estrategia liderada por su hijo Eduardo, quien reside en Washington desde marzo de 2025. Según las autoridades, la trama buscaba promover sanciones y aranceles contra Brasil, con el objetivo de influir en el curso del proceso judicial que enfrenta el expresidente por su presunta implicación en un plan golpista para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria electoral.
Investigación en curso
La denuncia surge en el marco de una investigación iniciada tras los eventos del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro invadieron las sedes del Congreso, el STF y el Palacio del Planalto en Brasilia, en un intento de desestabilizar el gobierno de Lula. La Policía Federal sostiene que Jair y Eduardo Bolsonaro habrían actuado para “coaccionar” al STF, buscando frenar las consecuencias legales del caso. El informe detalla que Eduardo Bolsonaro mantuvo reuniones en Washington para impulsar medidas de represalia contra autoridades brasileñas, aprovechando el interés del presidente estadounidense Donald Trump en la situación judicial del exmandatario.
Además, el STF impuso medidas cautelares a Jair Bolsonaro, como el uso de una tobillera electrónica y la prohibición de utilizar redes sociales. Las medidas se colocaron tras detectar violaciones previas, como publicaciones en las cuentas de sus hijos. El incumplimiento de estas restricciones derivó en su arresto domiciliario. La investigación también encontró un documento en el celular de Bolsonaro, sin fecha, donde solicitaba asilo político a Argentina, alegando “persecución política”.
Acusación contra Bolsonaro
El informe policial acusa a los Bolsonaro de delitos de coacción en el curso del proceso judicial. Además de una tentativa de abolición del Estado democrático de derecho. Según las autoridades, la campaña desde Estados Unidos buscaba inducir al gobierno de Trump a imponer sanciones económicas y aranceles del 50% a Brasil. La medida fue justificada por el presidente estadounidense como respuesta a una supuesta “caza de brujas” contra Bolsonaro.
Por su parte, Jair Bolsonaro ha negado las acusaciones, atribuyéndolas a la “creatividad” del juez del STF Alexandre de Moraes, quien lidera el caso. En un comunicado difundido en redes sociales, el exmandatario afirmó: “El magistrado Alexandre de Moraes ajusta los testimonios y lanza redes para pescar posibles pruebas”. Eduardo Bolsonaro, desde Washington, no ha emitido declaraciones públicas recientes sobre la denuncia.
