La polémica sobre la terminación del convenio de delegación vial de la carretera Portoviejo – Montecristi abrió el debate sobre el trabajo de fiscalización de los Consejeros del GPM.

La reciente terminación del convenio de delegación de la carretera Portoviejo-Montecristi ha desatado una controversia que pone en el centro de la discusión la labor de los Consejeros del Gobierno Provincial de Manabí (GPM). Expertos, activistas y analistas coinciden en que estos funcionarios, encargados de fiscalizar y legislar, no están cumpliendo con su rol, lo que genera dudas sobre la transparencia en la gestión provincial.

Competencias claras, acción ausente

Los Consejeros del GPM, conformados por los alcaldes de los 22 cantones de Manabí, tienen como funciones principales legislar y fiscalizar, según el artículo 48 del Código de Organización Territorial (COOTAD). Así lo explicó Roberto Kon, exprocurador de la prefectura, quien comparó su labor con la de los concejales municipales. Sin embargo, la realidad parece ser otra. La falta de supervisión efectiva sobre los procesos de la prefectura, como el caso de la carretera Portoviejo-Montecristi, ha encendido las alarmas entre la ciudadanía y los observadores.

El jurista subrayó que estas competencias son esenciales para garantizar que las decisiones y proyectos provinciales se ejecuten correctamente. No obstante, activistas como Ramón Vélez señalan que los intereses particulares de los alcaldes, quienes priorizan sus propios territorios, impiden una fiscalización rigurosa. “No enfrentan a la prefectura porque dependen de ella para beneficios locales”, afirmó Vélez, destacando un conflicto de intereses que también se replica en sus municipios, donde limitan la fiscalización de sus concejales. Vélez cree que se debe reestructuras la conformación de los Consejeros, de una manera que les permita cumplir con su rol de manera efectiva.

Un rol Olvidado en Medio de la Polémica de la delegación vial

El caso de la carretera Portoviejo-Montecristi es un ejemplo concreto de esta problemática. Isaac Avellán, activista político, calificó la situación como una muestra clara del “nulo trabajo de fiscalización” de los Consejeros. Según él, existen inconsistencias técnicas y administrativas en la terminación del convenio que no han sido revisadas, especialmente por los representantes de Portoviejo y Montecristi, cantones directamente afectados por esta vía. “¿Dónde está la voz de los Consejeros exigiendo seguimiento?”, cuestionó Avellán.

Julio Villacreses, de la Comisión Nacional Anticorrupción en Manabí, va más allá y vincula esta omisión a un “Estado fallido”. Para él, la falta de fiscalización no solo recae en los Consejeros, sino también en instancias como la Contraloría y los asambleístas, cuya acción estaría limitada por influencias políticas, particularmente del correísmo. Esta percepción de control centralizado agrava la desconfianza en la gestión provincial y pone en duda la independencia de los actores involucrados.

Cambios estructurales y desafíos actuales

Héctor Farfán, analista político, apuntó a las dificultades actuales para que los Consejeros ejerzan su rol. “Antes, cuando eran electos por separado, estaban más presentes en la prefectura, recorrían obras y supervisaban de cerca. Ahora, como alcaldes, cada uno tiene sus propios problemas”, explicó. Por ejemplo, un alcalde de El Carmen o Pedernales difícilmente prioriza los asuntos provinciales sobre las necesidades de su cantón. Este cambio estructural, implementado hace años, habría debilitado la capacidad de fiscalización del GPM.

Farfán contrastó el modelo anterior con el actual, señalando que las competencias no han cambiado, pero sí las condiciones para ejercerlas. La descentralización de responsabilidades y la carga administrativa de los alcaldes han creado una brecha que afecta la supervisión de proyectos clave, como la carretera en cuestión. Esta desconexión, según el analista, es un obstáculo estructural que requiere ajustes para garantizar una gestión más efectiva.

Los consejeros no han dicho nada por la polémica de la delegación vial 

La carretera Portoviejo-Montecristi no es solo una vía de comunicación; es un símbolo de las tensiones entre la prefectura y los Consejeros del GPM. La falta de fiscalización ha dejado preguntas sin respuesta sobre la toma de decisiones y la ejecución de proyectos en Manabí. Activistas como Avellán insisten en que los Consejeros deben rendir cuentas y asumir su papel como primeros supervisores de la prefectura, exigiendo claridad en cada proceso. Avllán dice que no es cuestión de cambios estructurales en la conformación del GPM, sino , de tener autoridades transparentes. 

Mientras el debate crece, la ciudadanía espera respuestas concretas. La polémica actual podría ser una oportunidad para replantear el funcionamiento del GPM y fortalecer los mecanismos de control. Expertos coinciden en que, sin una fiscalización activa, la transparencia y el desarrollo de la provincia seguirán en entredicho. Por ahora, el silencio de los Consejeros sigue siendo el protagonista de una discusión que apenas comienza.