La Policía y la Fiscalía de perú registraron este martes 17 de diciembre el domicilio del portavoz presidencial, Fredy Hinojosa.
Esto en relación al escándalo de Qali Warma, nombre del programa estatal de entrega de alimentos a centros escolares públicos de todo el país, que incluyó comida en mal estado y para el consumo animal.
El operativo se hizo en varios inmuebles de Lima, la capital de Perú, relacionados con hasta una quincena más de implicados. Ellos se enfrentan a delitos de organización criminal y cohecho, entre otros, informa RPP.
Hinojosa ha manifestado más tarde que «no existe» ninguna prueba que lo vincule a las acusaciones.
«La Fiscalía puede solicitar lo que considere conveniente, pero si no existe ningún medio probatorio que me vincule con los hechos (…) no hay forma de generar ningún tipo de restricción», ha dicho.
Rechazo en Perú por este caso
El portavoz presidencial compareció ante los medios de comunicación para asegurar que durante el registro ha dado «todas las facilidades» a las autoridades para el ingreso a la vivienda.
También para el registro de documentos y la entrega de material como móviles, tabletas u ordenadores. «No dudo que haya responsables que tienen que asumir», aseveró el funcionario del Gobierno de Perú.
Entre la viviendas registradas está la de Lino Burga Malca, quien figura como propietario de Frigoinca, empresa investigada por estos hechos. Antiguos trabajadores denunciaron una red de sobornos para obtener contratos públicos.
Hinojosa, al frente del programa entre marzo de 2019 y noviembre de 2022 cuando trabajaba para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se sirvió de su posición para facilitar la contratación de Frigoinca, que según una investigación periodística, también etiquetó carne de caballo como de res.
Sin embargo, el propio Hinojosa dijo más tarde que durante su gestión como director ejecutivo Frigoinca no fue proveedora del programa. «Tampoco hubo intoxicación alguna» durante este periodo.
Hinojosa ejerce como portavoz de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, desde mayo de este año.
Su designación fue una respuesta de la mandataria al silencio por el que prefirió optar en medio de las acusaciones de corrupción en su contra y los bajos índices de popularidad.
Ambos coincidieron en el Ministerio de Inclusión Social durante el mandato del expresidente de Perú, Pedro Castillo.
El operativo se da un día después de que el Congreso de Perú tumbara por dos votos de diferencia una moción de censura. Estaba dirigida contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, por estos hechos.
