Ocho partidos de la oposición en Colombia acusaron al presidente Gustavo Petro de perpetrar un «golpe de Estado» tras anunciar la convocatoria de una consulta popular por decreto para impulsar una reforma laboral rechazada previamente por el Senado. La decisión, calificada como un ataque a la democracia, generó un pronunciamiento conjunto de las fuerzas políticas, que instaron a las autoridades judiciales a intervenir para preservar la separación de poderes.

Oposición reacciona ante el decreto

La controversia se desató cuando Petro, informó su intención de implementar una consulta popular para avanzar en la reforma laboral, una propuesta que no obtuvo el respaldo necesario en el Senado. Los partidos opositores, entre los que destacan Cambio Radical, Partido Conservador, Centro Democrático y Partido de la U, emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron la acción como «inconstitucional» y un «ataque directo» a las instituciones democráticas. Según el texto, el decreto presidencial vulnera la separación de poderes al ignorar la decisión del Congreso, encargado constitucionalmente de aprobar o rechazar iniciativas de esta naturaleza.

Los opositores argumentaron que la maniobra de Petro constituye una «infracción grave» a la Constitución colombiana, al intentar imponer una consulta popular sin el aval legislativo. “El Congreso, como pilar de la democracia, ejerció su función al rechazar la propuesta, y esta decisión debe ser respetada”, se lee en el comunicado. Las formaciones políticas también expresaron preocupación por el impacto institucional de las decisiones del Ejecutivo. 

Reforma laboral y tensiones políticas

La reforma laboral busca modificar aspectos clave del mercado laboral colombiano, como la regulación de contratos, el aumento del salario mínimo y la protección de derechos sindicales. Sin embargo, el proyecto enfrentó fuerte resistencia en el Senado, donde fue rechazado tras extensos debates. En las intervenciones señalaron su inviabilidad fiscal y posibles efectos negativos en la economía. La decisión de convocar una consulta popular por decreto surge en un momento de alta polarización política. 

Esta no es la primera controversia que rodea a Petro, cuyo mandato ha estado marcado por tensiones con el Congreso . Además, ha sido cuestionado  por sus estrategias para implementar su agenda reformista. Este nuevo episodio agrava el clima político y pone en el centro del debate la legitimidad de las acciones del Ejecutivo. 

Intervención judicial

Los partidos opositores hicieron un llamado urgente a las autoridades judiciales, en particular a la Corte Constitucional, para que revisen la legalidad del decreto presidencial. Argumentan que la consulta popular, al no contar con el respaldo del Congreso, carece de fundamento constitucional. Asimismo, solicitaron a la ciudadanía mantenerse vigilante ante lo que consideran un intento de concentración de poder por parte del Ejecutivo.

El enfrentamiento entre Petro y la oposición tiene raíces en las dificultades del gobierno para avanzar en su ambiciosa agenda de reformas sociales. Desde su llegada al poder en 2022, el presidente ha impulsado cambios en áreas como la salud, las pensiones y el trabajo. Sin embargo, ha enfrentado obstáculos en un Congreso fragmentado. La reforma laboral ha sido particularmente polémica, generando críticas tanto de sectores empresariales como de partidos tradicionales.

En los últimos meses, Petro ha recurrido a mecanismos alternativos, como decretos y consultas populares, para sortear la falta de apoyo legislativo.