La masacre de once militares en la Amazonía exige una respuesta inmediata y contundente del Estado. Hay que actuar con firmeza. No puede tratarse como un hecho más dentro del largo historial de violencia que ha dejado el crimen organizado en el país. 

Este ataque directo a las Fuerzas Armadas debe marcar un antes y un después en la estrategia de seguridad.

Ecuador atraviesa una guerra no declarada contra el narcotráfico y otros delitos que se derivan de él. Las bandas criminales no solo controlan rutas y territorios, ahora desafían abiertamente al poder del Estado. En ese contexto, los militares representan la última línea de defensa institucional y son también el símbolo de una sociedad que no puede ceder ante el terror.

El Estado debe actuar con firmeza, dentro del marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos, pero sin titubeos. Y la ciudadanía no puede permanecer indiferente. La unidad nacional, el respaldo a las fuerzas del orden y una exigencia colectiva de justicia son imprescindibles en estos momentos.

Este doloroso hecho debe convertirse en un precedente, en un punto de inflexión que movilice a todos contra la delincuencia organizada. No es solo una desgracia; es una llamada urgente a actuar.