Todos los seres humanos que formamos parte de la fuerza laboral tenemos una meta, para algunos es aún un sueño lejano, y para otros una realidad inmediata: la jubilación.
La jubilación ordinaria por vejez tiene ventajas y desventajas, entre las ventajas podemos anotar el descanso y relajación, más tiempo para realizar actividades personales, reducción del estrés laboral, posibilidad de viajar y conocer, mayor tiempo con la familia, mayor independencia sobre el uso del tiempo y los gastos sin las limitaciones del trabajo; entre las desventajas se pueden señalar la disminución de ingresos, posible aislamiento social al perder contacto con compañeros de trabajo y la dinámica social del entorno laboral, cambios en la vida familiar, probable depresión o ansiedad, mayor vulnerabilidad a la salud.
En la actualidad en Ecuador, el envejecimiento poblacional es una realidad. Según la CEPAL, en su publicación de julio 2024, indicó que la esperanza de vida es de 80 años para las mujeres y de 73 años para los hombres, lo cual se convierte a corto plazo en un riesgo para la sostenibilidad del Fondo de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), debido al incremento del número de jubilados en nuestro país; por lo que, desde aproximadamente tres años, se ha intensificado el debate para incrementar la edad de jubilación, situación que ha generado controversia, malestar y críticas de varios sectores. Por lo que es recomendable que se diseñen políticas correctivas acertadas como punto de equilibrio en beneficio de todos los actores de la seguridad social en lo referente a la jubilación ordinaria por vejez.
Por lo tanto, en mi humilde opinión, sugiero que, una vez que entren en vigencia estas reformas, aquellas personas que tienen menos de 30 años de edad se jubilen a los 65 años, aquellas personas que están en el rango de mayores de 30 años de edad hasta los 45 años se jubilen a los 63 años, y los que tienen 45 años de edad en adelante permanezca su edad de jubilación a los 60 años. Adicional, se deben establecer incentivos en el caso de quienes retrasarían su jubilación hasta los 62, 63 o 64 años, mediante la entrega de un bono por lo menos dos veces al año del 5, 7 y 10 % respectivamente en relación con la pensión jubilar a recibir. De la misma manera, otorgar vacaciones anuales entre 45 a 60 días según los años que ha aplazado su jubilación.
Esperemos que estas propuestas sean atendidas en las anunciadas mesas de trabajo que se van a conformar para el efecto.
