El 22 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa entregó a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria.
Lo hizo cumplieno con el plazo legal establecido en la Constitución de la República, que señala que cuando se trata de año electoral, el presupuesto del año anterior se prorroga hasta después de la posesión del nuevo mandatario, quien tiene un tiempo perentorio para presentarla. Este documento, cuyo monto asciende a los USD 40.961 millones, supera ampliamente al presentado en 2024 y traza la agenda financiera del país para lo que resta del año.
Llama la atención que dicha proforma presupuestaria fuera aprobada con fecha 4 de septiembre de 2025, en un tiempo récord de 10 días hábiles por la Asamblea Nacional, lo cual deja sospecha sobre si el documento fue leído, discutido e interiorizado con la importancia que exige. Independientemente de lo sucedido, cabe indicar que la proforma presupuestaria, luego de su aprobación y publicación, se transforma en ley de la República y pasa a denominársela “Presupuesto General del Estado”. No es un simple documento contable, por tanto, exige rigurosidad en el debate, mas no ligereza.
El presupuesto es, en definitiva, un instrumento para la gestión de las finanzas públicas. En él se presenta de forma detallada la forma cómo se proyectarán los ingresos y cómo se distribuirán estos para cubrir los gastos en diferentes áreas, como la educación, la salud y otros servicios públicos, buscando transparencia y el cumplimiento de objetivos nacionales, y sobre todo ejecutándolo en su totalidad.
La proforma evidencia que el presupuesto para 2025 será de USD 40.961 millones, de los cuales se establece que el ingreso proyectado alcanzará los USD 27.440 millones, la mayoría proveniente de las recaudaciones tributarias. Por su parte, se establece que el gasto directo proyectado será de USD 33.065 millones. Con estos datos se concluye que el hueco fiscal para 2025 alcanzará los USD 5.625 millones, cantidad que es equivalente al 4,4 % del PIB.
Si bien la proforma 2025 traza un camino ambicioso en términos de inversión social, como salud, educación y seguridad, lo cual es loable desde un enfoque de equidad y fortalecimiento institucional, sin embargo, es preocupante que para financiar el déficit se tendrá que acudir a créditos internacionales, a subastar el patrimonio nacional como el petróleo o los campos ricos en minería, con lo cual se profundiza el legado fiscal negativo y se hipoteca el país para las presentes y futuras generaciones.
