Resulta poco creíble que Ecuador pueda contar en 2026 con un Presupuesto General de 40.000 millones de dólares. Esa cifra representa cerca del 25 % más de lo proyectado para 2024 y 2025, un aumento que no se sostiene con la realidad de los ingresos fiscales.
El cálculo parte de supuestos optimistas. Se han considerado como fuentes de ingresos licitaciones y contratos cuyas negociaciones, en el mejor de los casos, tardarían meses en concretarse y cuya ejecución no está asegurada. No existe actualmente capacidad de inversión interna que permita sostener un incremento de ese nivel.
El presupuesto es la principal herramienta de planificación del Estado. Usarlo con cifras infladas significa generar expectativas que luego no podrán cumplirse. Esto podría derivar en un déficit aún mayor y en la necesidad de recurrir a más endeudamiento.
La presión por mostrar mayores asignaciones en áreas sensibles, como educación y salud, parece haber influido en la elaboración de este cálculo. Sin embargo, ofrecer recursos que no existen no resuelve las carencias de esos sectores.
La falta de realismo no solo compromete la credibilidad del Gobierno, también limita la capacidad de la Asamblea para legislar con responsabilidad. Si no hay fondos, los programas sociales y la inversión pública volverán a quedar desfinanciados.
