En los últimos once meses, el Consejo de la Judicatura ha destituido a 46 jueces de trece provincias —entre ellos tres de Manabí—, sancionados por cometer infracciones disciplinarias gravísimas. A ellos se suman 44 funcionarios judiciales también separados de sus cargos por similares causas.
Este dato revela una preocupante vulnerabilidad del sistema judicial ante actos irregulares. La justicia, más que un servicio del Estado, es el fundamento que garantiza la paz social, la igualdad ante la ley y el respeto al debido proceso. Su fragilidad tiene un impacto directo en la democracia y el Estado de Derecho.
Ante este escenario, es indispensable reforzar los procesos de selección y evaluación de jueces, fiscales y demás servidores judiciales. Se requiere un sistema que priorice méritos, ética y compromiso ciudadano.
En tiempos marcados por la inseguridad, el rol del juez cobra especial relevancia. No solo debe ser imparcial, sino también estar protegido y monitoreado de manera constante.
La presencia de operadores judiciales parciales o corruptos debilita el tejido institucional y alienta la impunidad. La depuración del sistema debe continuar, pero acompañada de reformas estructurales que aseguren una justicia fuerte, confiable y al servicio del bien común.
