Una vez que el Ejecutivo emprendió la fusión de algunas carteras, comparto algunas inquietudes.
La primera tiene que ver con definir la reingeniería estatal, entendida por muchos como un proceso de transformación profunda de las estructuras, procesos y sistemas de la administración pública, con el objetivo de mejorar su eficiencia, transparencia y capacidad de respuesta ante las necesidades ciudadanas.
Esto se inspira en principios de gestión moderna, tecnología y optimización de recursos para rediseñar el Estado, eliminando burocracia, redundancias y prácticas obsoletas.
La segunda inquietud es sobre las metas de tal reingeniería, que deben estar orientadas a la simplificación administrativa, que reduce trámites innecesarios y agilita procesos mediante la digitalización y automatización, ventanillas únicas y gobierno electrónico para mayor accesibilidad. Así, obtener una cédula de ciudadanía y un pasaporte debería ser cuestión de minutos.
La reducción de los costos y optimización también aparece como meta, lo que conduce a la eliminación de duplicidades de funciones entre instituciones y la promoción de la contratación basada en méritos y resultados, no en clientelismo o parentesco.
Otra meta para considerar en cualquier reingeniería es la innovación, de cara a mayores niveles de transparencia y lucha y prevención contra la corrupción, como, por ejemplo, usar tecnología (blockchain, IA) para auditar gastos y contrataciones, y la transición hacia el “Estado digital” que minimice la interacción presencial y reduzca la discrecionalidad burocrática.
En lo administrativo, fortalecer la descentralización y autonomía, transfiriendo competencias a gobiernos locales para acercar servicios a la ciudadanía y empoderar regiones que cuenten con capacidad de decisión en áreas clave (educación, salud, infraestructura).
Los servicios ciudadanos deben priorizarse mediante métricas claras (salud, educación y seguridad) y la elaboración de las políticas públicas basadas en evidencia y evaluación de impacto. Finalmente, a nivel de metas, la reingeniería debe contemplar la sostenibilidad fiscal, que trae consigo la reestructuración de instituciones innecesarias o deficitarias para garantizar la viabilidad financiera del Estado.
¿Qué no debe acompañar a una reingeniería estatal?
Los recortes presupuestarios (sin rediseño estructural) solo por ahorro fiscal y los cambios de nombre sin mejorar procesos. La reingeniería busca eficiencia, no solo austeridad. Si se eliminan recursos sin optimizar funciones, los servicios podrían empeorar. Además, la verdadera transformación exige rediseñar procesos, no solo “maquillar” instituciones.
La reingeniería tampoco debe centralizar el poder; la reingeniería moderna apuesta por descentralización inteligente, no por concentración burocrática.
