El inicio del año escolar pone de nuevo en evidencia la necesidad de controlar el pedido de listas de útiles escolares en el sistema público y de que el Estado asuma plenamente su responsabilidad en este campo.
Según la Constitución, la educación básica debe ser gratuita y de calidad, y corresponde al Estado garantizarla sin que ello signifique trasladar los costos a los padres de familia.
En Ecuador, donde la informalidad laboral y el empleo no pleno afectan a la mayoría de la población, la compra de útiles es una carga económica considerable. Esto se agrava cuando los planteles solicitan materiales que van más allá de lo estrictamente necesario, llegando incluso a pedir insumos para el funcionamiento operativo de la institución.
No es posible que los padres de familia, o los docentes, deban suplir estas carencias, ni que se vean forzados a gestionar ayudas por fuera del sistema. La educación pública debe tener recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Corresponde al Ministerio de Educación garantizar que los planteles cuenten con lo necesario sin depender de la voluntad ciudadana. Las escuelas no deben convertirse en espacios donde la escasez se resuelve trasladando responsabilidades.
