La reciente decisión del Gobierno de fusionar los ministerios de Ambiente y de Energía responde a una lógica estratégica que le compete exclusivamente al Ejecutivo. Como en cualquier organización, la estructura debe estar al servicio de los objetivos centrales. En este caso, se busca impulsar la inversión en sectores como la minería, donde ha habido conflictos entre carteras con competencias superpuestas.
La medida, que ha generado inquietud en sectores ambientales y políticos, no es nueva ni aislada. La Constitución otorga al presidente la facultad de organizar la administración pública conforme a su plan de gobierno. Esa prerrogativa incluye la reestructuración ministerial, siempre que respete la normativa vigente y los principios de legalidad.
La superposición de funciones entre Ambiente y Energía ha sido un obstáculo recurrente. Unificar criterios puede mejorar la toma de decisiones, agilizar procesos y reducir contradicciones.
Corresponde a la Asamblea Nacional y al sistema de justicia velar porque estos cambios no vulneren derechos ni debiliten la protección ambiental. El control político y jurídico debe ejercerse con firmeza y responsabilidad.
