El empleo informal en Ecuador se mantuvo alarmantemente alto, alcanzando el 58 % en diciembre de 2024—la tasa más elevada desde 2007. A comienzos de 2025 persistía esta tendencia: en marzo llegó a 55,99 %, tras un leve descenso desde diciembre. Esa informalidad masiva genera precariedad, vulnerabilidad y escasez de ingresos fiscales. El país no puede seguir así.
Para reducir la informalidad, el Estado debe implementar políticas estructurales. Primero, simplificar el acceso a la seguridad social y a registros laborales formales, con trámites digitales y tarifas progresivas para pequeñas empresas. Segundo, fomentar incentivos tributarios temporales para que empleadores formales contraten y registren trabajadores. Tercero, impulsar la capacitación laboral vinculada al mercado formal, especialmente para jóvenes y mujeres. Cuarto, fortalecer mecanismos de inspección y sanción para las empresas que operan sin registros laborales, combinando control sistemático con educación sobre los beneficios de la formalidad.
Además, es clave apoyar la transformación de microemprendimientos informales hacia la formalidad, ofreciendo asesoría empresarial gratuita y acceso a financiamiento. También se debe promover la economía colaborativa como plataforma para formalizar servicios digitales.
La formalización no solo asegura derechos laborales, sino que también amplía la base tributaria y fortalece la sostenibilidad fiscal. Si temor a equivocarme, puedo decir que Ecuador necesita un mercado laboral más justo, con empleos dignos.
