Felix Pilay Toala
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Contrato millonario en juego

En Ecuador, la crisis energética podría agravarse. No es solo un problema técnico o climático; es una dura lección sobre la falta de rigor, desconocimiento e inexperiencia en la gestión pública.

Frente a esta situación se ha evidenciado la debilidad institucional y un riesgo latente para la soberanía energética. En ese contexto, el contrato celebrado con Progen se ha convertido en un símbolo de todos los males que aquejan al sector.

En agosto de 2024, el Estado ecuatoriano apostó por una contratación emergente con la empresa Progen para sumar 150 MW a través de plantas térmicas en Salitral y Quevedo. Sin embargo, de acuerdo con informes, hasta junio de 2025 los motores no han generado ni un solo megavatio. Y mientras la crisis del fluido eléctrico se agrava, el déficit tarifario alcanzó los USD 603 millones, que deberán salir del Presupuesto General del Estado. Implicaría que aquel acuerdo millonario ha generado cero megavatios.

Se sostiene que se evidencian responsabilidades diluidas y sanciones ridículas, pagos adelantados del 70 % del contrato antes de la verificación técnica de rigor, generadores descontinuados desde 2015 y cuestionamientos sobre su procedencia. La respuesta estatal no ha sido contundente. Se han realizado multas de apenas 900.000 dólares, lo que significa una gota en un océano frente a contratos de USD 149 millones. Al mismo tiempo, destituciones parciales y auditorías tardías evidencian una voluntad política interesada en mitigar la opinión pública más que en garantizar responsabilidad.

Entre mayo y junio de 2025, CELEC notificó a Progen de la decisión de rescisión unilateral de contratos. Según se conoció, la decisión respondería a falta de equipos y obstáculos en inspecciones técnicas. Sin embargo, las amenazas de arbitrajes internacionales han forzado al Gobierno a retractarse, lo que evidencia, una vez más, que el país es frágil institucional y financieramente.

El impacto económico es negativo. Más de 603 millones de dólares del déficit tarifario serán cubiertos con fondos públicos, lo que implica un castigo para la ciudadanía ecuatoriana. Este agujero fiscal, que se ha creado por la ineficiencia gubernamental, agrava la restricción presupuestaria, limita el gasto social y traslada la carga a los hogares empobrecidos.

En definitiva, el caso Progen no es solo un error, sino una falla sistémica que mezcla corrupción, improvisación y fragilidad institucional. El daño ya es tangible. Se vendrán nuevos apagones, déficit fiscal y pérdida de credibilidad frente al mundo. El contrato ha desnudado otro de los males que nos aquejan y Ecuador ha puesto en riesgo su estabilidad económica y social.

pilayfelix071@gmail.com

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