El anuncio del Gobierno sobre el retiro del subsidio al diésel genera preocupación en los sectores productivos, pues inevitablemente impactará en los costos de operación y de transporte. Al fin, puede convertirse en una suerte de impuesto general.

La medida debe estar acompañada de acciones que mitiguen sus efectos y que garantice un uso eficiente de los recursos fiscales.

En verdad, el subsidio ha sido una distorsión económica, pero también lo es la devolución de dinero a determinados sectores, como el de la transportación. En lugar de compensaciones parciales, el país requiere decisiones integrales, como una reducción general de impuestos, que incida en toda la economía y no solo en un grupo específico.

Además, los mecanismos de devolución no aseguran que se mantengan las tarifas de pasajes ni que el Gobierno cumpla oportunamente con los pagos, lo que resta confianza y genera incertidumbre. Alternativas como la reducción de tributos al transporte o la ampliación de la vida útil de los vehículos pueden ser más efectivas.

Lo fundamental es que los recursos liberados no se destinen a sostener un Estado sobredimensionado y poco eficiente. Es indispensable reducir la carga fiscal que limita la inversión y frena el crecimiento económico.

No se trata únicamente de recaudar más, sino de que el gasto público se ejecute con eficiencia y transparencia.