El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva al Departamento de Comercio para realizar un nuevo censo nacional que excluya a los inmigrantes en situación irregular. La medida, anunciada este jueves 7 de agosto a través de la red social Truth Social, busca elaborar un estudio “muy preciso” utilizando datos recabados durante las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Aunque no se especificó una fecha exacta ni el procedimiento para implementarla, Trump instó a que los trabajos comiencen “inmediatamente”.
La decisión ha generado debate debido a sus posibles implicaciones en la distribución de recursos federales y escaños legislativos, que dependen de los resultados del censo oficial, realizado cada diez años. El próximo censo está programado para 2030, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad y el propósito de esta nueva iniciativa.
Impacto en la distribución de recursos
El censo decenal de Estados Unidos es un proceso clave que determina la asignación de fondos federales y la representación política en el Congreso. Según datos del Censo 2020, se contabilizaron 331 millones de habitantes, incluyendo tanto ciudadanos como residentes legales e irregulares. La exclusión de inmigrantes sin estatus legal podría reducir significativamente la población registrada en estados con alta presencia migratoria, como California, Texas y Nueva York, afectando su acceso a recursos y escaños.
Trump justificó la medida como parte de su agenda migratoria, enfocada en limitar la inmigración irregular y priorizar a los ciudadanos legales. En su declaración en Truth Social, afirmó que el nuevo censo permitirá “una contabilidad más justa” para los estadounidenses. Sin embargo, no se detallaron los métodos para identificar y excluir a los inmigrantes en situación irregular, un proceso que expertos consideran logísticamente complejo y potencialmente costoso.
Antecedentes migratorios
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha intensificado su discurso contra la inmigración irregular. Durante su primera administración (2017-2021), intentó sin éxito incluir una pregunta sobre estatus migratorio en el Censo 2020, medida que fue bloqueada por la Corte Suprema tras considerar que violaba normativas administrativas. Este nuevo intento refleja su persistencia en reformular las políticas migratorias, incluyendo propuestas de deportaciones masivas y restricciones a la entrada de migrantes.
Por su parte, administraciones locales en estados liderados por demócratas han criticado estas políticas, argumentando que socavan la diversidad y los derechos de los migrantes. Según un informe del Pew Research Center de 2023, aproximadamente 11 millones de inmigrantes en situación irregular residen en EE. UU., concentrados principalmente en áreas urbanas.
Reacciones y desafíos legales
La orden ejecutiva ha generado preocupaciones entre analistas y defensores de los derechos migratorios, quienes advierten que podría enfrentar desafíos legales similares a los de 2020. La Constitución de EE. UU. establece que el censo debe contar a todas las personas residentes, sin distinción de estatus migratorio. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han señalado que la medida podría ser impugnada por considerarse discriminatoria.
Además, la implementación de un censo paralelo plantea interrogantes sobre su financiamiento y logística, especialmente considerando que el Censo 2020 tuvo un costo estimado de 14.200 millones de dólares. El Departamento de Comercio no ha emitido comentarios oficiales sobre los detalles operativos ni el cronograma de la iniciativa.
Avances de la medida citada por Trump
Mientras el gobierno federal avanza con la planificación, los estados y organizaciones civiles se preparan para responder. La medida podría intensificar las tensiones entre la administración Trump y gobiernos locales que promueven políticas migratorias más inclusivas.
