Desde el 27 de junio de 2025, en Ecuador quedan  eliminados los informes de pertinencia y favorabilidad de la Contraloría General del Estado para agilizar las contrataciones públicas, según lo publicado en el Registro Oficial.

Reforma en la contratación pública

La Ley de Integridad Pública, publicada en el Registro Oficial el 26 de junio de 2025, reformó artículos de la Ley del Sistema de Contratación Pública y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Esta normativa elimina la obligatoriedad del informe de pertinencia y favorabilidad, un documento que las entidades públicas debían presentar para justificar la necesidad y cumplimiento normativo de las contrataciones. La Contraloría asegura que continuará verificando el uso de recursos públicos conforme a sus facultades constitucionales.

Anteriormente, el informe de pertinencia evaluaba si la contratación era congruente con las necesidades de la entidad y si cumplía con los requisitos legales. Sin embargo, según Armando Yánez, experto en contratación pública, este informe funcionaba como una “check list” de requisitos previos, sin evaluar aspectos técnicos ni económicos del proceso.

Opinión técnica sobre el informe de la ley de Contratación Pública

Yánez explicó que el informe de pertinencia se limitaba a verificar la presentación de documentos exigidos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). La revisión de la Contraloría se realizaba tras la ejecución del contrato, no durante su planificación, lo que lo convertía en un trámite administrativo. Según el experto, este requisito se implementó más como una medida simbólica frente a escándalos de corrupción que como un control efectivo.

Impacto de la nueva ley

La Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio de 2025, busca agilizar los procesos de contratación pública al eliminar un paso burocrático. Las entidades públicas ya no necesitarán la aprobación previa de la Contraloría para iniciar procedimientos de contratación, aunque esta institución mantendrá su rol de fiscalización posterior. La reforma responde a la necesidad de simplificar procesos administrativos, manteniendo la supervisión sobre el uso de recursos públicos.

El cambio normativo se enmarca en los esfuerzos de Ecuador por optimizar la gestión pública y reducir trámites que retrasan las contrataciones. La Asamblea Nacional aprobó la ley para fortalecer la transparencia, aunque la eliminación del informe de pertinencia podría generar debates sobre el equilibrio entre agilidad y control en los procesos de contratación.

Contexto de la reforma de la ley de Contratación Pública

La supresión del informe de pertinencia y favorabilidad se produce en un contexto de críticas a la burocracia en el sistema de contratación pública de Ecuador. La Ley de Integridad Pública representa un paso hacia la modernización administrativa, con énfasis en la responsabilidad de las entidades contratantes para garantizar el cumplimiento de la normativa. La Contraloría seguirá desempeñando un rol clave en la fiscalización para prevenir el mal uso de fondos públicos.