No se justifica que los ciudadanos tomen justicia por propia mano, y más aún, si los actos de ajusticiamiento terminan en muerte.

Hacer justicia por mano propia, lleva a los autores al mismo nivel delincuencial de lo que supuestamente se combate.

La barbarie de un crimen por mano propia lleva a los que inicialmente eran afectados a la categoría de asesinos.

Y, por lo tanto, deben ser juzgados por la ley.

Lo que sí es cierto, es que la desprotección del Estado ante la inseguridad y la desconfianza en la actuación del sistema de justicia, son un hecho real y peligroso que se convierte en gasolina con fuego en momentos de desesperación.

Esto crea desconfianza en el sistema y las instituciones por parte de los ciudadanos.

Pero un ajusticiamiento por mano propia es ilegal, no se debe justificar y debería traer consecuencias jurídicas.

«el estado debe dar seguridad para que su inacción no sea un estímulo inadecuado”.

Es fundamental y urgente la reflexión social, pero también que el Estado ecuatoriano cumpla su rol para que no se incentive y menos se normalice este tipo de reacciones.

Mientras menos justicia estatal exista, menos presunción de inocencia, más tensión y desesperación colectiva y más posibilidad de ajusticiamientos.

Hay que evitar la selectividad de la pesquisa por parte de la Fiscalía y la selectividad penal.

Todos los casos deben avanzar por igual, y la justicia tiene que funcionar con honestidad.

Debe funcionar sin influencia financiera, política o de cualquier índole que le quite su categoría.

Editorial de El Diario publicado el jueves 27 de julio del 2023 en nuestra edición impresa.