El juez de la Corte Suprema de Brasil, Flávio Dino, ordenó este jueves 18 de septiembre reabrir una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) durante la pandemia de COVID-19, que dejó más de 700.000 muertes en el país. La decisión revive un caso archivado en 2022 por la fiscalía general, entonces liderada por Augusto Aras, aliado del exmandatario. Busca esclarecer posibles delitos en la gestión de la crisis sanitaria.
El magistrado dio un plazo de 60 días a la Policía Federal para investigar los señalamientos de un informe parlamentario de 2021. Este fue elaborado por una comisión especial del Senado. Este informe acusó a Jair Bolsonaro de nueve delitos, incluyendo crímenes contra la humanidad, infracción sanitaria, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo.
Indicios de fraudes y desvíos en la gestión sanitaria
El documento emitido por Dino destaca “indicios de crímenes contra la administración pública”, como fraudes en licitaciones, sobreprecios, desvío de recursos y contratos con empresas de fachada. Entre las irregularidades señaladas está la compra y distribución de medicamentos como la cloroquina, promocionada por el Gobierno como tratamiento contra la COVID-19 pese a carecer de eficacia científica. Fondos públicos fueron utilizados para su distribución en la red de salud.
La reapertura del caso se produce una semana después de que la Primera Sala del Supremo, donde Dino es integrante, condenara a Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por conspirar para un golpe de Estado tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022. Esta sentencia marcó un hito en la justicia brasileña. La nueva investigación intensifica el escrutinio sobre el exmandatario.
Un informe parlamentario como base de la investigación
El informe del Senado, base de la reapertura, documentó decisiones controvertidas del Gobierno de Bolsonaro durante la pandemia, como el retraso en la adquisición de vacunas, la promoción de tratamientos sin respaldo científico y la minimización de la gravedad del virus. Estas acciones, según el documento, contribuyeron al alto número de víctimas mortales en Brasil, que superó las 700.000, una de las cifras más altas del mundo.
La decisión de Dino ha generado reacciones encontradas. Sectores cercanos a Lula consideran la medida un paso hacia la justicia, mientras que seguidores de Bolsonaro la califican como persecución política. La Policía Federal deberá presentar avances en los próximos 60 días, tras lo cual el Supremo decidirá los siguientes pasos.
Impacto político y social de la investigación
El caso reabierto pone nuevamente en el centro del debate la gestión de la pandemia en Brasil. Este fue un episodio que profundizó la polarización política en el país. La Corte Suprema busca determinar si hubo responsabilidad penal en las decisiones del Gobierno de Jair Bolsonaro. Esto ocurre en un contexto donde la crisis sanitaria dejó un impacto devastador en la sociedad brasileña.
La investigación podría derivar en nuevas acusaciones contra el expresidente, quien enfrenta múltiples procesos judiciales. Por ahora, el foco está en los resultados que la Policía Federal presente en el plazo establecido. Este es un período crucial para esclarecer uno de los capítulos más polémicos de la historia reciente de Brasil.
