El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, se deslindó de la responsabilidad directa en los polémicos contratos de Progen y Celec-EP, para la generación de energía eléctrica en Ecuador.
Un reciente informe de la Contraloría reveló que estos contratos generaron un perjuicio de más de $100 millones al Estado ecuatoriano.
En una entrevista, Luque aseguró que su responsabilidad como ministro de Energía y Minas terminó el 2 de julio del 2024. Esto antes de la firma del contrato de Progen.
Roberto Luque: los plazos y la responsabilidad del proceso de contratación
Luque afirmó con firmeza que el contrato de Progen se firmó el 2 de agosto del 2024. “Hasta el 2 de julio, yo me hago responsable”, puntualizó en sus declaraciones en el canal Teleamazonas.
Por consiguiente, él solo lideró la fase preparatoria, donde se determinó el plan y los lineamientos generales para la contratación. Estos lineamientos incluían, por ejemplo, la forma de pago con un anticipo y su respectiva póliza de buen uso.
En este sentido, Luque aclaró que, posteriormente, la renuncia al anticipo y la aceptación de esta condición ocurrieron en agosto, cuando su gestión había terminado. A su vez, enfatizó que “el proceso de contratación es responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad contratante”, subrayando así que no se encontraba en el ministerio en ese momento.
Detalles del caso
La Contraloría General del Estado de Ecuador identificó irregularidades en los contratos de la empresa estadounidense Progen con Termopichincha, destinados a la generación de energía de emergencia en las plantas Quevedo III y Salitral, según informó el contralor Mauricio Torres. Las fallas, incluyen el uso de equipos no nuevos y no adquiridos al fabricante. Junto con irregularidades similares en contratos con Austral Technical Management (ATM), las pérdidas totales ascienden a más de $120 millones.
En agosto de 2024, Progen fue contratada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), a través de su unidad Termopichincha, para instalar plantas térmicas de emergencia que aportarían 150 megavatios (100 MW en Salitral y 50 MW en Quevedo) para mitigar la crisis eléctrica de Ecuador. Sin embargo, las plantas no han entrado en operación según lo previsto para finales de 2024 e inicios de 2025.
