El Ministerio del Trabajo de Ecuador, bajo el mando de su titular, emitió el Acuerdo Ministerial MDT-2025-093 el 14 de agosto de 2025. Este acuerdo establece normas claras para prevenir, proteger y sancionar las faltas disciplinarias graves relacionadas con la discriminación, violencia, acoso laboral y acoso sexual laboral dentro del sector público.

La normativa tiene como objetivo principal garantizar un ambiente de trabajo seguro y libre de abusos, además de proteger a víctimas y testigos.

Alcance y bases legales del acuerdo

La normativa se basa en el Convenio Nro. 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado en 2019. Este convenio reconoce el derecho de toda persona a un entorno laboral libre de violencia y acoso. La nueva regulación ecuatoriana rige en las instalaciones de las entidades públicas y también fuera de ellas, incluyendo viajes, eventos, actividades de formación y comunicaciones telemáticas. Así se amplía el alcance de la protección a los trabajadores.

El acuerdo también incorpora la no desconexión laboral como una forma de acoso, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). Sin embargo, contempla excepciones para ciertos cargos jerárquicos y personal de servicios esenciales como salud.

Esto busca asegurar la prestación continua de servicios públicos. La normativa está alineada con tratados internacionales, jurisprudencia de la Corte Constitucional y la legislación nacional vigente.

Procedimiento para denuncias y medidas de protección

Los servidores públicos que se consideren víctimas de estas conductas pueden presentar una denuncia ante la Unidad de Administración del Talento Humano de su entidad. Dicha unidad tramitará el caso mediante un sumario administrativo, según la normativa vigente.

Para proteger a la presunta víctima, la unidad técnica debe tomar medidas de protección de manera inmediata. Esta medida busca asegurar la integridad de la persona durante todo el proceso.

Para su desarrollo, la norma contó con el apoyo técnico de varios organismos, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos destacan ONU Mujeres, la OIT, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. La colaboración de estos actores clave asegura que el acuerdo ministerial se base en principios de derechos humanos e igualdad de género.