Más del 50% de las embarcaciones nodrizas en el puerto de Manta se encuentran fuera de operación debido a la eliminación del subsidio al diésel pesquero 2, medida adoptada por el Gobierno ecuatoriano desde mediados de año. Armadores pesqueros y representantes del sector advierten que la situación ha provocado pérdidas económicas graves, paralización de faenas y riesgo de quiebra de decenas de empresas familiares.
Everaldo Solórzano, armador pesquero con más de una década de experiencia, afirma que su embarcación lleva dos meses parada. “No puedo sacar a navegar mi barco. Solo el combustible representa una inversión de 40 mil dólares, y la pesca ya no cubre esos costos”, indicó.
El aumento en el precio del diésel pesquero 2, que pasó de USD 1,87 a USD 2,41 por galón, ha elevado de forma drástica los costos operativos. Las embarcaciones nodrizas requieren entre 8.000 y 10.000 galones por faena, lo que representa un sobrecosto de entre USD 4.000 y USD 5.000 por salida.
George Pinto, presidente de la Asociación Pesquera de Armadores de Barcos Nodrizas de Manta (Asoaman), confirmó que el 50% de las 240 embarcaciones afiliadas están completamente paralizadas.
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Pinto informó que, tras reuniones con el Gobierno, se logró frenar la eliminación total del d iésel pesquero 2, prevista para diciembre de 2025. Sin embargo, el combustible ya no está subsidiado, por lo que su precio fluctúa según el mercado internacional.
Para mitigar el impacto, se ha planteado incluir el diésel en la Ley de Fomento Productivo, lo cual permitiría aplicar IVA cero al combustible, reduciendo el precio en aproximadamente 31 centavos por galón. Esta medida aún está en proceso de análisis con el Ministerio de Producción.
Además, el Gobierno ha activado un crédito de hasta USD 300.000 con condiciones preferenciales (7 años plazo y 7% interés) para capitalización y cambio de motores. No obstante, los armadores advierten que muchos no califican debido a problemas financieros acumulados.
La flota de Manta está compuesta por aproximadamente 240 embarcaciones nodrizas, que trabajan en pesca mixta junto a cerca de 2.000 lanchas artesanales. Según Pinto, si una nodriza se paraliza, también se detienen las operaciones de 8 a 10 lanchas, afectando a pescadores artesanales de caletas como Santa Marianita, San Mateo y Jaramijó.
Solo en el sector palangrero de Manta, más de 25.000 familias dependen directa o indirectamente de esta actividad. "Estamos hablando de un colapso productivo con alto impacto social", manifestó Pinto.
A la crisis económica se suman los problemas de seguridad marítima . Según Pinto, las embarcaciones nodrizas han sufrido al menos 14 robos en altamar en los últimos meses. Esta situación ha obligado a muchos armadores a evitar salidas al mar por temor a asaltos.
Por otra parte, la falta de seguros marítimos para barcos de madera -que representan la mayoría de la flota- limita el acceso a créditos, ya que las embarcaciones no pueden ser ofrecidas como garantía.
El subsidio al diésel pesquero formaba parte de una política estatal para fomentar la actividad pesquera. Este sector, representa una fuente clave de divisas para el país. Sin embargo, el retiro de estos subsidios se enmarca en el plan de ajuste fiscal impulsado por el Gobierno para reducir el déficit y cumplir con compromisos internacionales.
Aunque el Ejecutivo ha ofrecido alternativas financieras y diálogo. Los armadores insisten en que las medidas actuales no son suficientes para reactivar la operación de sus flotas.
La pesca industrial intermedia de Manta se encuentra en una encrucijada: altos costos operativos, inseguridad en altamar y falta de financiamiento amenazan con la desaparición de un sector productivo clave. Si no se toman decisiones urgentes, la paralización parcial podría convertirse en colapso total en los próximos meses.
