Tras meses de solicitudes desatendidas a nivel provincial, un grupo de concejales de minoría de Manta ha logrado una respuesta positiva desde Quito. La Contraloría General del Estado (CGE) ha dispuesto una acción de control en las áreas administrativa, financiera y de contratación pública del municipio. Esta intervención llega como un respiro para los ediles, quienes denuncian una crítica situación en la ciudad, marcada por la precariedad de servicios básicos. También se suman irregularidades en la contratación pública y un cuestionado manejo de recursos .

La concejala Diana Flores Vera explicó que, desde el inicio de la actual administración, ingresaron cinco solicitudes a la Contraloría de la Dirección Provincial. Sin embargo, no se logró una intervención o un examen especial efectivo. "Realmente eso quedó en nada," afirmó Flores. Además detalló que las denuncias previas, incluida una sobre el tema de sueldos, no derivaron en ninguna acción de control visible.

Un examen especial en auditoría es un tipo de auditoría de alcance limitado. Este examen especial revisa y evalúa aspectos específicos de las operaciones o actividades de una entidad. Pueden ser financieras, administrativas u operativas, después de que ocurrieron.

Ante la falta de respuesta y la persistencia de problemas -como servicios básicos precarios, contratistas impagos, obras inconclusas, una gestión insostenible del agua y la recolección de basura "fatal"- las concejalas decidieron elevar su solicitud directamente a la Contraloría General en Quito. El oficio, ingresado el 16 de septiembre de 2025, pedía explícitamente que se enviara un equipo de auditores desde Quito o de otras provincias para garantizar la transparencia del proceso, una exigencia que, según la edil, es la "voz del pueblo" que clama por una intervención.

Respuesta y expectativa ciudadana

La respuesta llegó el 24 de septiembre. Allí la Subcontraloría de Auditoría comunicó la disposición a la Dirección Nacional de Auditorías de los gobiernos autónomos y descentralizados de "incluir en el análisis el aspecto señalado en nuestro oficio". Esto se traduce en el visto bueno para la acción de control en el municipio. No obstante, aún no se ha notificado una fecha exacta para el inicio de la intervención.

La concejala Ingrid Bowen enfatizó la urgencia de la situación, exhortando al Contralor General del Estado a intervenir con celeridad. "La ciudad se nos cae a pedazos y necesitamos un accionar inmediato," sentenció Bowen. Agregó que la ciudadanía no tolera más las situaciones de obreros con sueldos impagos por varios meses, contratistas afectados y obras paralizadas.

Entre los temas puntuales incluidos en la última solicitud, además de los diez procesos de contratación ya denunciados ante la Contraloría Provincial (como el mega parque, la permuta del proyecto Grand Bay, y el tema de sueldos), se destaca un convenio de pago de deuda al IESS firmado por la máxima autoridad. Los ediles cuestionan que el convenio haya sido por 3 millones de dólares y sin autorización del Concejo Cantonal. Esto supera con creces el límite normativo de 125 remuneraciones unificadas ($58.000) que la Alcaldesa podría comprometer de manera directa. Esto ha "vulnerado los derechos de los obreros y servidores", acotó.

Cuestionamientos al manejo de recursos

Otro foco de preocupación es la reforma presupuestaria y el destino de los ingresos municipales. Especialmente tras el incremento de siete impuestos y tasas que, a criterio de las concejalas, no se ven reflejados en la mejora de la ciudad.

Como ejemplo de manejo cuestionable, la concejala Bowen detalló que, en una reciente reforma presupuestaria , $650.000 recaudados de la tasa verde -impuesto creado para mejorar las áreas verdes- fueron re direccionados a otras áreas como la administrativa, de deportes y participación ciudadana. "Si este impuesto se lo dio con el objetivo de mejorar las áreas verdes de la ciudad, ¿por qué se lo están trasladando a otras direcciones? No tiene lógica esto," criticó.

Por su parte, el exalcalde de la ciudad Jaime Estrada, consultado al respecto, respaldó la acción de la CGE, señalando que es su función revisar y auditar los recursos, especialmente ante los cuestionamientos de la opinión pública sobre los graves problemas en la atención a servicios básicos, recolección de basura y falta de agua potable.

En respuesta al anuncio, el Municipio de Manta indicó que, si bien a la fecha no han recibido "ninguna notificación de acción de control por parte de la Contraloría," siempre estarán dispuestos a colaborar "de manera transparente y responsable." Además, recordó que fue la propia Alcaldesa quien, hace tres meses, solicitó públicamente a la Contraloría auditar el Registro de la Propiedad y al propio Municipio.