La comunidad artística de Manta y la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) Núcleo de Manabí manifestaron su rechazo a la terminación unilateral del comodato de la Sala MAC, ejecutada por la Corporación Ciudad Alfaro.
La disputa escaló cuando la administración del inmueble notificó inicialmente un plazo de 10 días para desocupar el espacio, el cual fue extendido a 30 días tras la presión de los gestores locales. El conflicto surge por la interpretación de supuestos incumplimientos contractuales en un convenio que debía durar 10 años, pero que la corporación busca finalizar tras apenas 17 meses de vigencia.
Posturas legales y reclamos institucionales
El director de la CCE Núcleo de Manabí, Carlos Candela, calificó el proceso como irregular, sosteniendo que un contrato inscrito legalmente y con registro de la propiedad actualizado no puede disolverse sin seguir los procesos del Código Civil. Candela desmintió la falta de gestión, detallando que se han cumplido obligaciones como el pago de prediales, la restauración de butacas y el mantenimiento de baños.
Además, confirmó que la programación cultural no se ha interrumpido, manteniendo talleres y eventos vigentes pese a la incertidumbre.
Por su parte, María Fernanda Landín, directora de la Corporación Ciudad Alfaro, justificó la medida bajo un rol de "administradora inteligente". Según Landín, tras un análisis técnico, se detectaron incumplimientos graves, siendo el más crítico la falta de una póliza de seguros contra eventos catastróficos.
La funcionaria señaló que, ante la ausencia de este respaldo en enero, la responsabilidad de una posible reconstrucción recaería sobre el Estado, lo que motiva la recuperación directa del bien para el Ministerio de Educación.
En respuesta a estas acusaciones, la CCE afirma haber contratado una póliza de responsabilidad civil y estar en proceso de firmar los convenios de pago por servicios básicos como energía eléctrica y agua.
La dirigencia cultural insiste en que la terminación debe ser resuelta por la autoridad competente en la cartera de Educación y no solo por la administración del museo, buscando salvaguardar el derecho a la cultura de los ciudadanos.
Reacción del sector cultural y académico
En paralelo al conflicto legal, la poeta y académica Damian Mendoza Zambrano emitió un manifiesto dirigido al presidente Daniel Noboa y a la ministra de Educación Gilda Alcívar. En el documento, se rechaza expresiones que calificaron a los manabitas como "mediocres", reivindicando la resiliencia y talento de la provincia.
Mendoza dijo que la comunidad de artistas sostiene que los espacios públicos deben ser gestionados por actores vinculados al territorio y no bajo una visión centralista.
La postura de los colectivos es que la cultura no es una concesión política, sino un derecho ciudadano. Han convocado a docentes universitarios de la Universidad Laica Eloy Alfaro, estudiantes y ciudadanos comprometidos para sumarse a la defensa de la Sala MAC. Argumentan que este lugar es parte del tejido vivo de Manabí y que su administración debe permanecer en manos de la Casa de la Cultura para garantizar su función social. (10).
