El exasambleísta Guillermo Celi afirmó que la reconstrucción de Manabí tras el terremoto del 16 de abril de 2016, ocurrido en Ecuador, sigue siendo una "tarea inconclusa", debido a pendientes en vivienda, uso de recursos y control institucional.

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A diez años del terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas, el proceso de reconstrucción continúa siendo objeto de revisión. Durante una entrevista, el exlegislador señaló que aún existen familias que no han recibido soluciones habitacionales.

Según indicó, el desastre dejó cientos de fallecidos y miles de familias sin hogar, lo que generó una crisis social de gran magnitud. A pesar del tiempo transcurrido, mencionó que algunos de estos casos no han sido completamente atendidos.

El exasambleísta también recordó que el país implementó mecanismos de financiamiento, incluidos impuestos temporales, para sostener el proceso de reconstrucción. Estos recursos buscaban atender tanto la infraestructura como la recuperación social y económica.

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Reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016 es una "tarea inconclusa", según exasambleísta - producción El Diario

Recursos asignados y cuestionamientos sobre su uso

De acuerdo con Celi, se destinaron aproximadamente 3.600 millones de dólares para la reconstrucción. Sin embargo, señaló que, pese a este monto, persisten brechas en la entrega de viviendas y en la atención integral a los afectados.

También destacó la solidaridad nacional, reflejada en la entrega de alimentos, agua y enseres durante los días posteriores al sismo, así como en los aportes económicos ciudadanos.

"Creo que aún existen muchas asignaturas pendientes. Es lamentable que, después de 10 años —y aunque resulte doloroso recordarlo—, los hechos sigan impactando a todos. (...). Se registraron irregularidades graves en el proceso de reconstrucción. Por ejemplo, el hospital de Pedernales fue objeto de múltiples procesos de contratación; según se ha señalado, fue licitado en varias ocasiones y hubo denuncias de hechos de corrupción que derivaron incluso en detenciones. Sin embargo, estos procesos no han logrado devolver la dignidad ni el resarcimiento que el Estado debía —y aún debe— a quienes vivieron y sufrieron el terremoto del 16 de abril".

Guillermo Celi, exasamblísta nacional

No obstante, indicó que parte de los recursos habría sido utilizada en proyectos que no guardaban relación directa con la emergencia, como ciertas obras viales. Según su versión, estos fondos pudieron haberse orientado a necesidades prioritarias como vivienda o reactivación económica.

Observaciones sobre control institucional y justicia

En el ámbito institucional, el exasambleísta señaló que existen pendientes en materia de control y fiscalización. Mencionó casos relacionados con obras públicas, como el hospital de Pedernales, que registró varios procesos contractuales.

Indicó que, si bien se han desarrollado procesos judiciales en torno al uso de recursos, estos no compensan las pérdidas sufridas por las familias afectadas. Además, sostuvo que los organismos de control no actuaron con la eficacia esperada en determinados momentos.

Celi también se refirió al funcionamiento del Comité de Reconstrucción, señalando que existió una alta concentración de decisiones, lo que habría limitado el control externo y la supervisión de los recursos asignados.

Llamado a evaluación y transparencia en la gestión

El exlegislador planteó la necesidad de realizar evaluaciones actualizadas para identificar a las familias que aún no han recibido apoyo estatal. Señaló que esto permitiría orientar de mejor manera los recursos disponibles.

Asimismo, destacó la importancia de garantizar que los fondos restantes sean destinados exclusivamente a los objetivos de reconstrucción, especialmente en vivienda y atención social.

Finalmente, sostuvo que el proceso posterior al terremoto debe servir como referencia para fortalecer la gestión pública en situaciones de emergencia. A diez años del evento, la reconstrucción de Manabí continúa en la agenda pública, con avances registrados, pero también con desafíos pendientes en vivienda, control de recursos y transparencia.