A una década del terremoto de Ecuador de 2016, que afectó a Manabí y Esmeraldas, la reconstrucción de infraestructura educativa en la provincia sigue incompleta, pese a que inicialmente se estimó su recuperación en un plazo máximo de 90 días, según informes oficiales de la época.
Tras el sismo del 16 de abril de 2016, las evaluaciones técnicas realizadas a las edificaciones educativas determinaron daños de distinta magnitud y plantearon una recuperación en un periodo de hasta tres meses.
Este diagnóstico fue recogido en un informe situacional emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos semanas después del evento, en el que se establecía la urgencia de restituir los servicios educativos.
Sin embargo, a diez años del desastre, varios planteles continúan sin reconstrucción definitiva o funcionan en infraestructuras provisionales.
Planteles que siguen en condiciones provisionales
En ciudades como Manta, instituciones como el colegio Tarqui, las escuelas Guayaquil y Ruperto Mena, y el colegio 5 de Junio permanecen pendientes de reconstrucción o continúan operando en módulos temporales.
En Bahía de Caráquez, el histórico colegio Eloy Alfaro perdió totalmente su infraestructura y actualmente funciona en aulas modulares, sin que se haya concretado su reconstrucción definitiva.
Situaciones similares se registran en otros cantones como Sucre y San Vicente, donde unidades educativas albergan a cientos o miles de estudiantes en condiciones limitadas.
Sobrecarga estudiantil y limitaciones
En la Unidad Educativa San Vicente, la población alcanza los 2.000 estudiantes en doble jornada, producto de la fusión de varios planteles tras el terremoto.
Por su parte, la Unidad Educativa San Isidro acoge a aproximadamente 1.400 alumnos en 32 aulas móviles, infraestructura que resulta insuficiente frente a la demanda educativa.
Estos casos reflejan el impacto sostenido del déficit de infraestructura en el sistema educativo provincial.
Infraestructura provisional y abandono
Tras el terremoto, se implementaron soluciones temporales como aulas móviles y estructuras ligeras en cantones como Pedernales y Manta, como parte de la respuesta emergente.
No obstante, con el paso del tiempo, algunas de estas instalaciones se han deteriorado o han sido abandonadas, mientras que otras unidades educativas nuevas no están siendo utilizadas.
Entre los casos señalados se encuentra la Unidad Educativa Libertad, en Portoviejo, que cuenta con infraestructura nueva pero no está en funcionamiento.
Infraestructura sin uso y retorno a planteles anteriores
Otro ejemplo es la Unidad Educativa Luis Felipe Chávez, en Jaramijó, donde la infraestructura construida tras el terremoto dejó de utilizarse, lo que obligó a la comunidad educativa a retornar a sus instalaciones previas.
En Manta, las escuelas Abraham Lincoln y Guayaquil permanecen cerradas, pese a haber sido afectadas por el sismo.
Estos casos evidencian inconsistencias en el uso y planificación de la infraestructura educativa posterior al desastre.
Falta de información oficial actualizada
Hasta el momento, no se ha difundido un balance público actualizado sobre la inversión total ejecutada en la reconstrucción educativa en Manabí durante estos diez años.
Consultas realizadas al Ministerio de Educación para conocer el detalle de las obras ejecutadas y pendientes no obtuvieron respuesta hasta el cierre de esta edición.
No obstante, en febrero de este año se anunció un proyecto cercano al millón de dólares para obras de cerramiento e instalación de aulas móviles en terrenos destinados a unidades educativas de Portoviejo.
Contexto de la reconstrucción educativa
El terremoto de 2016 dejó una afectación significativa en la infraestructura educativa de la región Costa, lo que obligó a implementar soluciones emergentes para garantizar la continuidad del servicio.
A diez años del evento, la reconstrucción total de los planteles afectados sigue siendo un proceso en desarrollo, con múltiples instituciones aún en condiciones temporales o pendientes de intervención definitiva.
