La provincia de Manabí enfrenta una crisis en su sistema judicial, marcada por un déficit de 17 jueces que ha generado un colapso en la resolución de casos, afectando gravemente a ciudadanos y profesionales del derecho. Según Giordano Gorozabel, director del Consejo de la Judicatura de Manabí, actualmente operan 136 jueces, pero la carencia de nueve magistrados de primer nivel, seis del tribunal contencioso administrativo y dos de salas especializadas ha desbordado los despachos judiciales, particularmente en cantones como Montecristi, Manta, Portoviejo, Flavio Alfaro y Chone. Este déficit, resultado de destituciones, renuncias y jubilaciones, ha dejado un sistema judicial saturado.

Gorozabel explicó que la depuración de jueces por casos de corrupción, como los relacionados con los escándalos “Metástasis” y “Purga”, ha agravado la situación. “En la provincia, los jueces suelen estar a cargo de dos despachos simultáneamente, lo que genera una sobrecarga de trabajo y acumulación de causas”, señaló. En Chone, por ejemplo, la Sala de lo Penal enfrenta aproximadamente 1.200 causas represadas, según el Consejo de la Judicatura, aunque abogados locales como Colón Andrade estiman que la cifra supera las 2.000. Esta acumulación ha generado demoras de meses en la emisión de sentencias. Andrade relató el caso de un cliente cuya sentencia de libertad, dictada hace siete meses, aún no se ha resuelto formalmente, dejando al afectado en un limbo legal.

La destitución de jueces como Xavier R., quien estaba a cargo del juzgado penal de Chone y fue separado por su vinculación a los casos “Metástasis” y “Purga”, ha contribuido a este caos. Gorozabel reconoció las quejas de los abogados de Chone y detalló que se ha asignado una jueza para evacuar las causas represadas, aunque esta profesional también está a cargo de otro despacho, lo que limita su capacidad para agilizar los procesos. “Hemos dialogado con las direcciones de gestión procesal y talento humano para dar solución, pero la sobrecarga persiste”, admitió.

Falta de jueces retrasa la resolución de casos

El impacto de esta crisis trasciende los tribunales y afecta directamente a los ciudadanos y abogados. George Farfán, abogado y representante del colectivo ‘¿Y la corte pa’ cuándo?’, calificó la situación como “lamentable”. “Justicia que tarda no es justicia”, afirmó, destacando que en el ámbito laboral, algunas audiencias de segunda instancia demoran años. Según Farfán, la productividad de los jueces de segunda instancia, que emiten apenas cuatro o cinco sentencias mensuales, es insuficiente para atender la carga procesal, lo que frustra a los usuarios del sistema y limita el ejercicio profesional de los abogados. “Los ciudadanos ven mermados sus derechos, y nosotros, como profesionales, enfrentamos obstáculos para garantizar justicia oportuna”, agregó Farfán.

La corrupción es un factor clave en esta crisis. Las destituciones de jueces en Montecristi, Manta, Portoviejo, Flavio Alfaro y Chone, vinculadas a casos de crimen organizado, han dejado vacíos difíciles de llenar. Para Farfán, la solución pasa por reformar el sistema de selección de jueces, priorizando la experiencia y la madurez profesional. “No basta con títulos de maestrías en línea. Se necesita una formación sólida y un compromiso ético para entender las necesidades de quienes buscan justicia”, señaló. Propuso requisitos más estrictos, como acreditar años de ejercicio profesional efectivo, y un sistema de supervisión continua para prevenir actos de corrupción, como la acumulación inexplicable de bienes por parte de jueces con ingresos de entre 4.000 y 5.000 dólares mensuales.

Esperan el concurso nacional

El Consejo de la Judicatura trabaja con autoridades nacionales para resolver esta crisis, pero las soluciones a corto plazo son limitadas. Un concurso nacional para cubrir las vacantes está en curso, detalló Gorozabel, pero su culminación exitosa depende de evitar anulaciones o retrasos. Mientras tanto, medidas como encargar despachos a jueces ya sobrecargados no logran aliviar el problema de fondo. Gorozabel instó a los abogados a presentar quejas formales para identificar los cuellos de botella, pero la falta de recursos humanos sigue siendo el principal obstáculo.

Los profesionales del derecho, como Farfán y Andrade, coinciden en la necesidad de fortalecer el Colegio de Abogados como un gremio que presione por reformas estructurales. “Sin un proceso de selección riguroso y un control efectivo, el sistema judicial seguirá vulnerable al crimen organizado y a la ineficiencia”, advirtió Farfán.

En 2022, el Consejo de la Judicatura destituyó a 29 jueces a nivel nacional, de los cuales el 55% (16 casos) fue por manifiesta negligencia. En 2023, bajo la presidencia de Wilman Terán, se destituyeron 24 jueces a nivel nacional hasta mayo, con varios casos relacionados con corrupción y crimen organizado. Mientras que, en el 2024, de los 92 funcionarios judiciales destituidos, 25 fueron por los casos “Metástasis”, “Purga” y “Plaga”. 17 de los 25 eran jueces. 

Casos de jueces destituidos en Manabí desde 2022

Banny Molina (diciembre de 2022)

• • Cargo: Juez de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Portoviejo.
  • Motivo de destitución: Cometió un «error inexcusable» al otorgar habeas corpus a favor de Jorge Glas (exvicepresidente de Ecuador) y Daniel Salcedo, decisiones que fueron cuestionadas por su impacto en casos de alto perfil. Molina también enfrentaba investigaciones previas por presunta asociación ilícita en 2019, relacionada con una red de extorsión a presos, aunque no fue condenado en ese caso.

Byron Orejuela (marzo de 2024)

• • Cargo: Juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Flavio Alfaro.
  • Motivo de destitución: Cometió una infracción gravísima al disponer la liberación de alias «Gordo Lucho», cabecilla de la banda Los Lobos, entre otros. La decisión fue tomada por unanimidad por el Pleno del Consejo de la Judicatura, debido a irregularidades en sus resoluciones que favorecieron a figuras del crimen organizado.

Carlos Zambrano Navarrete y otros (junio de 2024)

• • Cargo: Expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí (C.Z.N.) y otros servidores judiciales.
  • Motivo de destitución: En el marco del caso «Metástasis», se les acusó de filtrar información y favorecer al narcotraficante Leandro Norero («El Patrón») a cambio de dinero y bienes. Entre los destituidos se encuentran cuatro jueces de Manabí, Guayas, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, además de dos fiscales y un secretario judicial. C.Z.N., en particular, habría aprovechado su posición como presidente de la Corte Provincial para beneficiar a esta red delictiva, vulnerando la independencia judicial.

Simón García y Joffre Rivera (mayo de 2025)

• • Cargos: Simón García, juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Paján; Joffre Rivera, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Chone.
  • Motivo de destitución: Ambos fueron destituidos por su vinculación al caso «Plaga», donde se les acusó de delincuencia organizada. García colaboró con una organización delictiva, liberando a personas vinculadas a cambio de pagos; se identificaron transferencias de hasta $20.000 a su esposa y otros familiares entre 2022 y 2023. Rivera recibió $10.000 de un abogado intermediario para favorecer a procesados. Estas acciones comprometieron la integridad del sistema judicial.