La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en el marco del 'Caso Goleada', sumada a la polémica designación de Damián Larco como presidente temporal del Consejo de la Judicatura tras una sesión de madrugada, ha encendido las alarmas sobre la independencia de poderes. En este escenario polémico, el abogado y parlamentario andino, Virgilio Hernández, analizó en una entrevista de Manavisión Plus, la situación del sistema judicial y el papel del Ejecutivo, advirtiendo que el país está al borde de una dictadura.

-Abogado, Ecuador está marcado ahora por temas políticos en distintos ámbitos. Vemos lo que está pasando en la justicia por el Consejo de la Judicatura, y la detención de Aquiles Alvarez con 10 personas más. ¿Usted comparte la idea de que es una cortina de humo para tapar cómo secuestraron la independencia judicial? ¿Qué lectura les deja haber sesionado en horas de la madrugada?

¿Qué cosa en los eventos públicos, en instituciones públicas que se hace a las 12h15 de la noche puede ser buena?, ¿qué cosa puede ser beneficiosa para el país y puede ser transparente cuando se opera así?. Indudablemente en el Ecuador no vivimos un estado de derecho.

Aquí se vive lo que algunos teóricos llaman un estado de no derecho y para decirlo también de manera clara, estamos al borde, al borde de una dictadura. Así es, una dictadura que tiene rasgos civiles, que se configuró con el voto ciudadano, pero que en este momento rompe todas las mínimas reglas que debe tener una república democrática. Aquí no hay separación de poderes.

Ahora mismo la función legislativa se apresta a aprobar leyes que van a afectar a los gobiernos autónomos descentralizados en cerca de una tercera parte de sus recursos, de igual manera la ley minera. ¿Qué debate ha habido? ¿Cuándo han recibido a los alcaldes o prefectos? Van a acabar con la inversión social. Y lo que pasa en la función judicial es aún más vergonzoso.

Los interpelantes de la Revolución Ciudadana han probado que el presidente de la Judicatura tenía vínculos, a través de su esposa y socios, con defensores de narcotraficantes. ¿Y a quién ponen ahora? A quien era director del SRI, que le perdonó más de 70 millones de dólares al presidente de la Judicatura. Esta es la realidad: una captura de todas las funciones del Estado.

-Usted hablaba de que estamos al borde de una dictadura civil. ¿Por qué? ¿Qué se está haciendo para llegar a ese nivel? ¿O qué está haciendo el gobierno?

Por todo lo que está haciendo, porque no es solo una cosa. ¿Cuál es el fundamento del apoyo en este momento del gobierno? Básicamente lo que tiene es a Fuerzas Armadas; ese sigue siendo el respaldo del régimen. Luego usted ve que no hay separación de funciones. Tienen el control de la legislatura para aprobar leyes centralistas que olvidan a los municipios y juntas parroquiales. ¿Eso es propio de un estado democrático? No. De igual forma hacen múltiples maromas para mantener al señor Mario Godoy.

Todo esto podría ser una inmensa cortina de humo para que pase por debajo la defensa a Godoy, a pesar de que los interpelantes han probado que sirve a narcos y mafiosos. Si usted va a la función electoral, es un apéndice del Ejecutivo; y el Tribunal Contencioso Electoral es una comisaría de garroteros.

-¿El Consejo de la Judicatura necesita una presidencia temporal o una reforma estructural urgente en el ámbito de la Judicatura?

El Consejo de la Judicatura tiene un principal y tiene un suplente. Fíjese lo que hacen con la doctora Alexandra Villacís. Seguramente no se sometió a sus condicionamientos y de manera absolutamente ilegal e inmoral le hacen que aparezca una prohibición para ejercer cargo público, cuando ella ya ha actuado sustituyendo al doctor Godoy.

Aprovechan esa prohibición, nombran a un nuevo suplente a las doce y cuarto de la noche. Esto es absurdo e inmoral. ¿Para qué? Para tener el control de la justicia, para perseguir opositores como hacen con Aquiles Alvarez, y para que los grupos mafiosos puedan hacer grandes negocios. El Ejecutivo apuesta a sus pies, a su servicio, a la justicia.

-Estas actuaciones no son exclusivas de un gobierno. ¿Usted cree que hay diferencias entre cómo controla el poder el actual gobierno y cómo lo hacía durante el gobierno del expresidente Rafael Correa? Porque también hubo situaciones parecidas, supuestas persecuciones... ¿En qué se diferencia?

Mire, yo le digo que lo que hemos vivido estos últimos ocho años es absolutamente por fuera de cualquier norma y experiencia vivida en el Ecuador. Aquí ha habido una persecución sistemática y selectiva. Mire el caso "Triple A" contra el alcalde de Guayaquil y ahora el caso "Goleada". Pero, ¿en dónde ha quedado la investigación de Petroecuador? ¿Cuánto ha avanzado? Esto demuestra la selectividad. Hay una fiscalía que prácticamente es una fiscalía a la carta.

En estos años, desde Moreno hasta Noboa, hay una persecución sistemática al Correísmo que tiene que ver con la proscripción de los partidos.

VIRGILIO HERNÁNDEZ, PARALMENTARIO ANDINO

¿Eso se vivió antes? No. Tener un Tribunal que sobre causas idénticas sanciona a Viviana Veloz y libera a una asambleísta de ADN. Tienen control absoluto de la justicia y para eso requieren a un señor como el que ahora han puesto en el Consejo de la Judicatura.

-Si dentro del Consejo de la Judicatura no hay esa confianza hacia la ciudadanía, ¿qué podemos esperar de otros casos políticos ahora como el caso Goleada, que tiene este tinte político pero también judicial?

Del Consejo de la Judicatura ya no hay nada que esperar. Se ha convertido en un antro que cumple consignas políticas y actúa en favor de mafiosos; esto ha quedado claro tras el juicio político. ¿Qué poder moral puede tener? Absolutamente ninguno.

Respecto al alcalde Aquiles Alvarez, solo cabe esperar que los jueces puedan actuar de manera responsable, pegados a la Constitución. Pero hay "traficantes con toga" subordinados al poder o a las mafias. No hay protección para los jueces para que actúen sin presiones. En el ámbito político, la sola sospecha de no ejercer el cargo con probidad es motivo suficiente para el juicio político. Ahora le corresponde a los ciudadanos, a través de redes y plataformas, hacer insostenible que sigan amparando a quienes tienen vinculaciones con defensores de mafiosos.