La Unidad Popular interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al Cootad ante la Corte Constitucional del Ecuador. La acción legal cuestiona el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización modificado recientemente por la Asamblea Nacional.
Geovanni Atarihuana, director nacional del movimiento, encabezó la presentación junto a militantes y autoridades locales. La organización impugna tanto el contenido como el procedimiento de aprobación de la normativa.
Atarihuana sostuvo que el Gobierno nacional no demostró una urgencia económica real para impulsar estos cambios legislativos. "Hemos concurrido para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Orgánico territorial. Lo hacemos por el fondo y la forma", declaró en los exteriores de la Corte, en Quito.
Según su análisis, la normativa vulnera la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Además, alertó sobre posibles afectaciones directas a derechos ciudadanos fundamentales.
Medidas cautelares solicitadas para suspender efectos inmediatos
El dirigente político agregó que la ley amenaza recursos económicos destinados a prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales del país. "Vamos a presentar en este momento ante la Corte Constitucional y solicitamos medidas cautelares, es decir, que se suspenda de forma inmediata cualquier efecto de estas reformas", afirmó.
Señaló que la organización continuará su resistencia tanto en las calles como en el ámbito jurídico. Asimismo, cuestionó severamente la votación de 77 asambleístas que respaldaron la iniciativa legislativa.
La demanda presentada por Unidad Popular se suma a otras acciones legales interpuestas contra la misma normativa territorial. Entre ellas constan la de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otra iniciada por un concejal de Quito. Todas coinciden en señalar posibles vulneraciones a la autonomía financiera de los gobiernos locales ecuatorianos. Los demandantes solicitan que la Corte Constitucional analice exhaustivamente la constitucionalidad de la norma aprobada.
Reforma al Cootad amenaza fondos de gobiernos locales según demandantes
Atarihuana afirmó que el Ejecutivo "no hace obras ni las deja hacer" y que la reforma al Cootad busca retirar fondos territoriales. "Lo que está planteándose aquí y ahora es precisamente quitarle fondos a las prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales", manifestó.
Añadió que el movimiento social ha convocado acciones de resistencia ciudadana en todo el territorio nacional. Indicó que se sumarán a las movilizaciones anunciadas para el viernes 13 de marzo próximo.
El dirigente también se refirió a la postura de un asambleísta independiente que llegó al Legislativo mediante alianza. Aclaró que actualmente ya no forma parte de esa alianza política y mantienen caminos completamente separados. "En todos los territorios estamos llamando a que el pueblo repudie a los asambleístas que votaron por esta ley totalmente antipopular", expresó. Reiteró que defenderán los derechos ciudadanos en instancias judiciales y mediante protestas callejeras organizadas.
Concejal advierte impacto directo en municipios y programas sociales
Desde la misma sede judicial, la concejal de Santo Domingo, Liliana Silva, respaldó firmemente la demanda presentada.
Señaló que la reforma al Cootad afectaría directamente a cantones, provincias y juntas parroquiales del territorio ecuatoriano. "Creemos fundamental defender los derechos de cada uno de los territorios", dijo. Aseguró que el Gobierno pretende desconocer obligaciones pendientes con los gobiernos locales del país.
Silva mencionó una deuda cercana a los 1.000 millones de dólares con juntas parroquiales, prefecturas y municipios ecuatorianos. "El Gobierno de Daniel Noboa prácticamente le quiere hacer borrón y cuenta nueva", afirmó. Explicó que muchos municipios pequeños dependen del recurso que transfiere el Ejecutivo por equidad territorial. Además, señaló que la devolución del IVA constituye una fuente vital de financiamiento para estas entidades.
Proyectos sociales en riesgo por restricciones presupuestarias en la reforma al Cootad
La concejal advirtió que áreas como deporte, arte, cultura, guarderías municipales y programas para mujeres estarían amenazadas.
También los programas dirigidos a grupos prioritarios enfrentarían serias restricciones presupuestarias por la nueva normativa. Asimismo, cuestionó la disposición que destinaría el 70% de los recursos exclusivamente a infraestructura física. "Si queremos cumplir con adoquinado masivo o asfaltado masivo, necesitamos contratar a cientos de obreros y profesionales, pero ahora no se puede hacer", sostuvo.
Añadió que la ley generaría presiones políticas indebidas en la asignación de recursos hacia los territorios ecuatorianos.
Según Silva, esta situación comprometería la capacidad de los gobiernos locales para atender necesidades sociales urgentes. La reforma limitaría la autonomía decisoria sobre el uso de fondos destinados a proyectos comunitarios prioritarios. Finalmente, expresó su respaldo total a las acciones legales emprendidas contra esta normativa territorial controvertida.
