Cristian Fernando C., exagente metropolitano de tránsito de Quito, fue sentenciado a tres años de prisión por el delito de concusión este 12 de junio de 2026, luego de que la Fiscalía General del Estado demostrara que exigió dinero a un ciudadano a cambio de no imponer una sanción de tránsito en la capital ecuatoriana.
La decisión fue emitida por un Tribunal que analizó las pruebas presentadas durante el proceso judicial. La Fiscalía sostuvo que el entonces servidor público obtuvo un beneficio económico indebido aprovechándose de las funciones que ejercía dentro del sistema de control de tránsito.
El caso corresponde a hechos registrados el 28 de septiembre de 2022 en las calles Ambato e Imbabura, en el centro de Quito. Según la investigación, el agente solicitó a la víctima el pago de 150 dólares, advirtiéndole que su vehículo sería retenido y que incluso podría ser detenido debido al supuesto mal estado de las llantas.
Investigación impulsada por una denuncia
La denuncia fue presentada ante la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción "Quito Honesto", entidad que dio paso al inicio de las investigaciones sobre el caso. De acuerdo con la Fiscalía, el dinero solicitado por el funcionario fue transferido a la cuenta bancaria de un familiar del ahora sentenciado. Para la entidad acusadora, ese movimiento financiero evidenció la obtención de un beneficio económico indebido en el ejercicio de una función pública.
Durante la etapa investigativa se recopilaron varios elementos de convicción. Entre ellos constan las versiones de la víctima, informes contables sobre las transferencias realizadas, certificaciones laborales, diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos y otros documentos incorporados al expediente judicial.
Además, la Fiscalía presentó esos elementos durante el juicio para sustentar la acusación por el delito de concusión, una infracción contemplada en la legislación ecuatoriana para sancionar actos de corrupción cometidos por servidores públicos.
Tribunal determinó responsabilidad penal
Tras la valoración de las pruebas, el Tribunal concluyó que existían suficientes elementos para establecer la responsabilidad penal de Cristian Fernando C. Como resultado, el exagente recibió una pena privativa de libertad de tres años. Asimismo, los jueces dispusieron el pago de una multa equivalente a 10 salarios básicos unificados.
La sentencia también incorporó medidas de reparación integral. Entre ellas figura la obligación de ofrecer disculpas públicas a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y al cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito mediante un acto público. De igual forma, el Tribunal ordenó la colocación de una placa conmemorativa en un lugar visible de la institución. El mensaje deberá estar relacionado con las consecuencias de la corrupción dentro de la administración pública.
Reparación económica y restricciones futuras
Dentro de las medidas complementarias, la Justicia dispuso el pago de 150 dólares a favor de Lourdes Lozano, quien realizó la transferencia exigida por el entonces funcionario. También se ordenó notificar al Ministerio del Trabajo para que registre la inhabilidad del condenado para ejercer cargos públicos, conforme establece la normativa vigente.
La Fiscalía recordó que el delito de concusión está tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta norma sanciona a los servidores públicos que, abusando de su cargo, exigen, ordenan o hacen pagar contribuciones, beneficios o valores que no son legalmente debidos.
Con esta sentencia, la Fiscalía informó que quedó establecida la responsabilidad penal del exagente por los hechos investigados y juzgados dentro de este proceso relacionado con un caso de corrupción en el servicio público.
