Tras recibir el dictamen favorable de la Corte Constitucional, el presidente Daniel Noboa tiene el camino despejado para convocar a un referéndum que busca trasladar la designación de autoridades de control desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) hacia la Asamblea Nacional. En un espacio de entrevistas de Manavisión Plus, el abogado constitucionalista André Benavides explicó si este cambio garantiza la despolitización de las instituciones o si, por el contrario, los ecuatorianos se enfrentan a un nuevo periodo de autoridades prorrogadas e incertidumbre jurídica.
-Amanecimos ayer con la información de la "luz verde" de la Corte Constitucional al Presidente de la República para convocar al referéndum y limitar funciones al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es su análisis?
Recordemos que la Corte Constitucional, ya en dictámenes previos presentados en 2019 y 2023, ha dicho que la vía para trasladar las competencias del CPCCS a la Asamblea Nacional sería la de enmienda vía consulta popular. En ese sentido, no es una sorpresa el dictamen favorable. En marzo de este año, la Corte le pidió al Presidente ajustes de forma y corregir aspectos de la proposición de la pregunta; la Corte ya verificó el cumplimiento de aquello y ha dicho que el Presidente está apto para convocar la consulta popular vía decreto ejecutivo. Solo quedaría esperar si decide que coincida con las elecciones de febrero.
-De aprobarse esto por la ciudadanía, ¿qué cree que pase cuando sea la Asamblea quien designe a las autoridades de control?
Primero hay que ver si el pueblo lo aprueba en las urnas; no es un tema menor, pues en noviembre del año pasado el Presidente ya perdió una consulta. Suponiendo que le fuera bien, tiene que enviar un proyecto de ley a la Asamblea para establecer las reglas del procedimiento legislativo. Materializar eso tomará entre uno a dos años.
Mientras tanto, los concursos en el CPCCS quedarían desiertos y los actuales funcionarios quedarían prorrogados. Conceptualmente, que la Asamblea designe autoridades es correcto en un régimen presidencialista, pero en la práctica puede suponer que las mayorías parlamentarias escojan a alguien que responda a intereses políticos de turno.
-Se argumenta que es para no politizar el tema, pero en la Asamblea puede pasar lo mismo. ¿Qué le espera al país si no es de un lado es del otro?
La Constitución de Montecristi creó el CPCCS para "despartidizar", pero solo se trasladó el debate político de un Congreso a un organismo de siete personas. Vimos casos como la denominada 'Liga Azul', donde personajes respondían directamente al correísmo, o la "polla de Nebot" con el Partido Social Cristiano. Trasladarlo a la Asamblea es "saludable" porque ahí las organizaciones políticas se harán responsables. Si designan a un "pillo", el peso político recaerá sobre el bloque que votó por él, a diferencia de los "siete iluminados" que entre gallos y medianoche han nombrado personajes nefastos como Wilman Terán o Mario Godoy.
-Parafraseando a Alfredo Palacio, ¿hay que refundar el país entonces?
Todos los políticos, principalmente los presidentes, gustan de "refundar el país"; por eso tenemos 21 constituciones. Pero refundar no soluciona problemas estructurales si existe la leguleyada y la "viveza criolla". Deberíamos caminar hacia instituciones sólidas que perduren, como la de Estados Unidos de 1787 o la de México de 1917. El discurso de refundar la patria cada vez que hay un nuevo gobierno ya suena trillado.
-Si se aprueba la consulta y aún no se designa Fiscal General, ¿cómo queda ese tema?
El CPCCS tiene puesto el pie en el acelerador para avanzar con el Fiscal y el Consejo de la Judicatura antes de que les quiten la atribución. Si por acciones de protección no se alcanza la designación, el texto de la consulta da una salida: los procesos quedan desiertos y las actuales autoridades quedan prorrogadas. Quienes se están frotando las manos son los del CNE; es sorprendente que lleven ocho años en funciones cuando el periodo es de seis. Con esto, algunos llegarán a la "década ganada" en el puesto público.
-El CNE parece intocable mientras haya elecciones...
Son intocables. Se alegran cada vez que hay elección porque el calendario electoral los protege de juicios políticos o remociones. Incluso el CNE convocó a las elecciones de febrero de 2025 con muchísima anticipación para evitar ser movidos. Mientras el CNE sea funcional a los intereses, nadie se atreverá a reformar el Código de la Democracia que les da esa protección.
-Sobre Guayaquil, ¿es viable constitucionalmente la destitución del alcalde Aquiles Alvarez?
Podría ser viable siempre que se incumplan atribuciones del COOTAD, como ocurrió en Quito con Jorge Yunda. Pero no existe la figura de "abandono del cargo" para alcaldes. Habría que ver la causal y cómo garantiza su defensa si está privado de libertad. Además, es cuestión de votos: se requieren dos tercios del Concejo Municipal, no es un tema sencillo.
