La Junta de Acreedores del caso Proinco presentó una acción constitucional de hábeas data en Pichincha contra el liquidador asignado, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Intendencia Regional de Compañías de Quito y la Procuraduría General del Estado.
La medida busca acceder a información completa, actualizada y verificable respecto al proceso de liquidación de las empresas Maktradecorp S.A., Encaisser S.A. y Mingacorp S.A. Según los demandantes, la falta de transparencia persiste desde que iniciaron los requerimientos formales en octubre de 2025.
La organización, constituida legalmente como sociedad de hecho el 7 de julio de 2025 y liderada por Pedro Galindo, representa a cerca de 300 perjudicados. La demanda cuenta con el respaldo de 17 acreedores verificados, el equipo jurídico del colectivo y el accionista mayoritario de las compañías involucradas.
Las tres sociedades anónimas en proceso de liquidación desempeñaban roles específicos dentro del entramado:
- Mingacorp S.A.: Administradora de la plataforma "La Yapa".
- Maktradecorp S.A.: Vinculada a Proinco Inmobiliaria.
- Encaisser S.A.: Dedicada a la gestión de cobranzas.
Los demandantes argumentan que han transcurrido más de diez años sin recibir reportes detallados ni datos fidedignos sobre el estado real de los activos e inventarios. A pesar de haber solicitado documentación e intentado concretar reuniones con el liquidador designado, la información requerida no fue entregada, lo que derivó en la vía judicial.
"Esta acción no busca confrontar a personas ni anticipar decisiones judiciales, sino garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en un proceso que afecta a cientos de familias".
Pedro Galindo, presidente de la Junta de Acreedores.
Cifras Clave del Caso Proinco
| Parámetro | Detalle / Cifra Registrada |
|---|---|
| Afectados representados en la Junta | Cercanos a 300 personas |
| Firmantes verificados en la demanda | 17 acreedores |
| Total de perjudicados registrados (SB) | 1 356 personas |
| Monto total pendiente de pago | USD 100 000 000 (aprox.) |
| Operaciones revisadas por la SB (2021) | 1 063 operaciones (446 formularios) |
| Pena privativa de libertad dictada | 13 años de prisión contra Santiago R. |
| Instrucción fiscal inicial (2016) | 30 días adicionales |
Proceso Penal y Financiero
El origen del perjuicio económico se remonta a 2016, cuando la Fiscalía General del Estado vinculó a seis accionistas de las tres empresas intervenidas por captación ilegal de dinero mediante "Acuerdos de Venta de Derechos Fiduciarios" respaldados con pagarés. Las firmas operaban sin autorización del sistema financiero nacional.
Para enero de 2021, la Superintendencia de Bancos ratificó que las tres empresas actuaban como fachada para realizar operaciones financieras no autorizadas. Dicho organismo notificó la emisión de 21 documentos técnicos que respaldaron la revocatoria de autorización, la liquidación forzosa y la designación de liquidadores para la financiera.
A pesar de que las sentencias judiciales determinaron la existencia de estafa masiva y ordenaron la restitución de valores, las más de 1 300 víctimas no han logrado recuperar los cerca de USD 100 millones adeudados. Gran parte de los afectados corresponde a adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas y herederos de acreedores fallecidos durante la espera.
