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Los magistrados Silvana Velasco, Wiler Chóez y Byron Uzcátegui fueron citados y su competencia para conocer el expediente quedó temporalmente suspendida.
La acción legal se basa en el fallo que benefició a Fernando Peñaherrera, César Bravo y a los directivos de Barcelona SC, Xavier y Mario Alvarez.
La acción se produjo luego de que la Contraloría General del Estado emitiera Informes con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) por presuntas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales juramentadas.
Examen a declaraciones juradas detectaría diferencias económicas sin respaldo y abre investigación fiscal en medio de conflicto político institucional.
El jurista Juan Xavier Santos desmenuza en Manavisión Plus el impacto real de las restricciones de movilidad y la vulnerabilidad de los jueces frente a las mafias.
La resolución se adoptó tras detectar caducidad en causas vinculadas a tres magistrados de Chone por demoras en fallos sobre delitos graves.
