La Fiscalía General del Estado (FGE) formalizó este lunes 13 de abril una demanda de recusación para apartar a los tres jueces de la Sala Anticorrupción de la Corte Provincial de Pichincha. El 2 de abril, los tres jueces revocaron la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Xavier y Antonio, y otros procesados en el caso Goleada.
Los magistrados Silvana Velasco, Wiler Chóez y Byron Uzcátegui fueron citados y su competencia para conocer el expediente quedó temporalmente suspendida. La acción se basa en presuntas irregularidades cometidas al resolver la apelación de las medidas cautelares.
El fiscal Dennis Villavicencio Barrazueta, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, argumenta que el tribunal excedió sus facultades al realizar una valoración sustantiva del fondo del caso.
El fallo judicial que originó la recusación
El 2 de abril, el tribunal aceptó parcialmente la apelación y ordenó la libertad inmediata de los hermanos Alvarez y los demás procesados. Ellos reemplazaron la prisión preventiva por medidas alternativas como prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la Fiscalía.
Según la demanda de recusación, los jueces desnaturalizaron la audiencia de medidas cautelares al exigir pruebas definitivas —como informes finales del SRI o peritajes contables— en una fase donde solo se requiere un estándar de probabilidad.
Los magistrados concluyeron que los elementos presentados no configuraban el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, sino que los hechos parecían orientarse hacia la comercialización ilegal de combustibles.
Argumentos de la Fiscalía sobre imparcialidad
La Fiscalía sostiene que este análisis anticipado sobre la existencia del delito y la ausencia de estructura criminal configura un sesgo que destruye la imparcialidad de los jueces para continuar con el caso. Por ello, se solicitó su apartamiento definitivo una vez sustanciada la recusación.
Adicionalmente, el 8 de abril el fiscal general encargado, Carlos Alarcón Argudo, presentó una denuncia disciplinaria ante el Consejo de la Judicatura por "error inexcusable", calificando la actuación de arbitraria y solicitando su suspensión preventiva.
La recusación se aceleró porque el mismo tribunal tenía agendada para la tarde del 13 de abril una nueva audiencia de apelación a la prisión preventiva de otro procesado, el asambleísta Raúl Chávez. Tras el sorteo legal, el conocimiento de la demanda recayó en el segundo tribunal de la Sala Anticorrupción, que deberá realizar una audiencia oral y decidir si aparta definitivamente a los tres magistrados.
Contexto del caso Goleada
El caso Goleada investiga presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de activos por un perjuicio millonario al Estado. Según la teoría fiscal, una red corporativa habría desviado diésel subsidiado del segmento naviero nacional hacia el mercado internacional, generando ganancias ilícitas que fueron blanqueadas mediante simulaciones de deudas, cesiones de derechos y aumentos de capital en empresas vinculadas a la familia Alvarez.
