La crisis de representatividad en Ecuador, la proliferación de movimientos políticos sin estructura real y la cuestionada gestión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sitúan al sistema democrático en un punto crítico. Sobre este escenario, el analista Alfredo Espinosa, en una entrevista de Manavisión Plus, detalló y analizó las falencias de un sistema del país, asegurando que han sido diseñadas a medida de las organizaciones políticas dominantes. 

-Señor Espinosa, se ha generado una fuerte polémica por la cancelación de los movimientos Unidad Popular y Construye. ¿Cómo evalúa usted este procedimiento del CNE?

Sí, en efecto. La cancelación de Unidad Popular y Construye es un acto generado por el Consejo Nacional Electoral, desde mi punto de vista, muy discrecional, lleno de... plagado de opacidades, de vulneraciones. El artículo 327 del Código de la Democracia es absolutamente claro: no se podía iniciar un proceso de cancelación de organizaciones políticas sino hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones; es decir, ese plazo era el 3 de abril. 

El Consejo Nacional Electoral sesionó para iniciar el proceso de cancelación el 26 de abril, es decir, 23 días después, en una sesión que todavía está suspendida. Como la cancelación no quedó, digamos, resuelta, es un proceso que quedó pendiente y no se ha ratificado en su resolución el Consejo Nacional Electoral, consecuentemente la organización política puede participar en este proceso de elecciones, tanto Unidad Popular como Construye.

-¿O sea que ellos pueden ir tranquilamente a las seccionales que se van a dar en noviembre, pueden armar su equipo, sus candidatos y participar?

Sí, en tanto y en cuanto no existan recursos que se interpongan a través del Tribunal Contencioso Electoral, porque la lista definitiva de organizaciones políticas la vamos a conocer el 31 de mayo. Lo que hizo el Consejo Nacional Electoral fue publicar el 3 de mayo un primer listado de organizaciones políticas que están dentro del registro, e hizo una actualización el 5 con una particularidad: no solo está con proscripción la Revolución Ciudadana, sino que se encuentran, para ellos, cancelados Unidad Popular y Construye. 

Pero como sostengo, la sesión en la que se tenía que ratificar la resolución del pleno quedó suspendida, consecuentemente también se suspendió el acto de cancelación. Entonces, dicho esto, la organización política puede participar, a menos que haya recursos que se interpongan dentro del Tribunal Contencioso Electoral. 

No sabemos de parte de qué actores ni quiénes, ¿no es cierto?, pero podría darse ese escenario. De todas maneras, creo que parte de la transparencia de todo proceso electoral es la de entregar a los ciudadanos, digamos, la información completa y suficiente para conocer a ciencia cierta quiénes son todos los participantes que están habilitados para poner candidatos y, desde luego, para competir en estas elecciones intermedias.

-Usted mencionaba el tema de esta actualización. Al 5 de mayo se dio a conocer que hay 237 organizaciones inscritas. Algunos analistas mencionan que este número es muy alto y que debería haber una depuración. ¿Usted coincide o considera que el número es aceptable?

No, desde luego estoy de acuerdo. Es más, hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo distintos sectores de la sociedad civil, de la academia y expertos electorales que exista una depuración al registro de organizaciones políticas. El primer paso para esa depuración es precisamente sincerar la política; los requisitos y las barreras de entrada y de salida para la conformación y extinción de organizaciones políticas han sido plenamente "bypaseados" (esquivados y vulnerados) por los dirigentes políticos, por los caudillos, por los dueños de los partidos. 

¿A qué me refiero? A que ha sido absolutamente sencillo para quien desee tener su propia organización política conseguir el número determinado de firmas que le pide el Consejo Electoral, entregar estas al CNE y contar con el aval para tener vida jurídica y participar en un proceso electoral, aunque no se cuente ni con formación, ni con capacitación, ni exista tampoco de parte del órgano electoral un catastro de organizaciones políticas que nos permita determinar quiénes, cómo, cuándo, dónde y de qué manera operan. La mayoría de gente no las identifica, no sabe dónde funcionan y hay que sincerar la política con esto.

-¿Qué pasaría con las organizaciones que no cumplen con los votos mínimos?

Sobre todo hay que eliminar tanto candado en la barrera de salida. ¿A qué me refiero? A que se debe contabilizar o debería de contabilizarse el cumplimiento de los umbrales en un proceso electoral: no cumples con los mínimos establecidos en votos y con presencia en escaños, simplemente quedas descartado. 

Si una organización política nacional, por ejemplo, no tiene los votos necesarios en una lid nacional, pero sí en una lid seccional, pues ese partido debería de convertirse en movimiento y participar solo en el ámbito local. Pero, digamos, hay mucha reticencia de parte de la clase política a emprender en este tipo de reformas.

-Sobre estas reformas que se han dado recientemente al Código de la Democracia, ¿podríamos decir que realmente fortalecen el sistema electoral o están dejando vacíos?

Los sistemas electorales no son neutrales. Todos tienen y son creados y fabricados bajo acuerdos y consensos políticos. El tema aquí es que el sistema electoral ecuatoriano está atravesando por un deterioro profundo y eso tiene incidencia también en los partidos políticos. Las reformas que se aprobaron en 2025 fueron insuficientes. 

La única reforma que permitió superar el estado de polarización fue la del cambio en el método de asignación de escaños, porque los dos partidos más votados, la Revolución Ciudadana y ADN, se juntaron y decidieron cambiar el método de Webster a D'Hondt; es decir, cambiar la fórmula matemática para estimular la presencia de mayorías para que los partidos de mayoría tengan una sobrerrepresentación o una presencia adicional en espacios como la Asamblea Nacional o los concejos municipales. De ahí todo lo demás han sido cambios de forma, no de fondo. No se ha hecho nada con respecto a militancia o al control de financiamiento de la política.

-¿Qué otras reformas considera que han quedado pendientes?

Hay algo que es absolutamente necesario: hay que discutir sobre la necesidad de incursionar en una segunda vuelta electoral para alcaldes y prefectos, al menos en provincias y cantones con más de 100 mil habitantes. En otros países ocurre esto, en Brasil hay balotaje para alcaldías.

Creo que el Ecuador podría emprender en esto para que los alcaldes no ganen con un 20% o 23%, sino que exista un apoyo real a la administración de los potenciales burgomaestres. De todas maneras, lo que tenemos es un código electoral plagado de retazos de lo que dejó la antigua ley de partidos, la reforma de 2009 y otros cambios que se dieron con el paso de los años.

-Respecto a la renovación de las autoridades del CNE, que ha quedado en pausa desde noviembre de 2024, ¿qué podría pasar si seguimos en este punto donde se mantienen las mismas figuras?

Hay algo que es importante, que todo organismo y todo ente electoral nunca debe perder, que es el principio de integridad. Cuando la integridad electoral se devalúa, los procesos electorales pierden calidad, pierden transparencia y pierden confianza. Ecuador es uno de los países cuyos ciudadanos menos confían en su órgano electoral. 

Solo el 20% de los ecuatorianos confía en el CNE, según el Latinobarómetro. El CNE es una de las instituciones peor evaluadas. Sus consejeros, en la mayoría de los casos, son proclives a exteriorizar dentro del pleno sus diferencias personales antes que la discusión y el debate para la formulación de reglamentos o de control de la campaña anticipada. Esto termina menguando la credibilidad del organismo electoral.

-¿Cuál cree que sea la estrategia política detrás de esta demora en la renovación?

Pareciera que la estrategia es que existe un potencial triunfo de la iniciativa del Gobierno que se emparejará con las elecciones, me refiero al ejercicio de democracia directa que podría retirar la función de designar autoridades al Consejo de Participación Ciudadana para que pase a la Asamblea. Si eso llega a ocurrir, todos los procesos de renovación quedarán en cero y tendrán que armar un régimen de transición que durará unos 180 días o quizá más. 

Eso tomará al menos un año y medio; es decir, estas autoridades podrían permanecer en sus cargos al menos dos años más y con eso llegarán a organizar las elecciones generales del 2029. Desde mi punto de vista, eso es altamente peligroso porque ninguno de los consejeros da garantías de transparencia, de probidad y, sobre todo, el órgano electoral necesita oxigenarse.​