La organización Silueta X, que defiende los derechos humanos de mujeres diversas, personas LGBTIQ+ y grupos vulnerables, emitió un pronunciamiento para denunciar el uso indebido de la normativa de rectificación registral de género en Ecuador.
El detonante fue el traslado del alcalde de Pujilí, José Arroyo Cabrera, a La Roca, centro penitenciario de máxima seguridad, hecho que volvió a poner en circulación un caso que la organización viene documentando desde 2024: el de un funcionario público cisgénero -es decir, una persona cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer y que se identifica como heterosexual- que modificó su marcador de sexo en la cédula de identidad a 'mujer', sin acreditar identidad de género trans y en medio de una investigación por presunto peculado.
El antecedente: un cambio registral en medio de una investigación
El 8 de abril de 2026, el Ministro del Interior John Reimberg publicó en redes sociales las fotografías de 61 reclusos trasladados a La Roca, entre ellos José Arroyo Cabrera.
Con ello volvió a circular el historial del funcionario: en octubre de 2024, mientras era investigado por presunto peculado, el alcalde modificó el campo de sexo en su cédula de identidad a 'mujer', sin cambiar sus nombres, sin ninguna evidencia de identidad de género trans y sin haber declarado serlo en ningún momento.
Su identidad, tanto antes como después del cambio registral, siguió siendo la de un hombre heterosexual cisgénero. En agosto de 2025, al ser detenido en el marco del caso Ornato Municipal, fue recluido en un centro penitenciario femenino.
La respuesta del Registro Civil: legal, pero cuestionada
En agosto de 2025, Silueta X presentó una solicitud formal de investigación ante el Registro Civil. El 1 de octubre de 2025, mediante Oficio DIGERCIC-DICM-2025-0111-O, la institución respondió -a través del Informe DICM 2025-052- que el cambio "se registró de conformidad a la normativa legal vigente".
Para Silueta X, esa respuesta no constituye una exoneración sino la evidencia de un sistema con fallas estructurales. La ley, tal como está redactada, permite que una persona cisgénero -alguien que no es trans- acceda a una modificación registral sin acreditar identidad trans, sin proceso de transición y sin cambio de nombre.
Al mismo tiempo, personas trans que sí necesitan ese cambio para que su documento refleje quiénes son, enfrentan demoras, negaciones y exigencias arbitrarias que no constan en ninguna norma. "Las personas trans esperan meses. Un alcalde cisgénero investigado lo hizo en días", señala el comunicado.
Un patrón documentado
Silueta X advierte que el caso José Arroyo Cabrera no es aislado. En 2023, la organización denunció el caso de René Salinas Ramos, un hombre cisgénero declarado públicamente gay -es decir, que se identifica como hombre y se siente atraído por otros hombres, pero no es una persona trans- quien modificó su marcador de género para obtener ventajas en una disputa de custodia, según reconoció públicamente.
En marzo de 2026, una mujer cisgénero en litigio ante la Corte Constitucional buscó revertir su cambio de género y ha declarado que lo realizó por presión y no porque sea una persona trans.
Los tres casos, según Silueta X, tienen en común que se trata de personas cisgénero que recurrieron a una normativa diseñada para proteger a personas trans, no para ejercer su identidad de género, sino para obtener un beneficio en un proceso legal.
La organización señala además que este fenómeno no se limita a casos judiciales: fundaciones lideradas por personas cisgénero, tanto heterosexuales como de la comunidad LGBQ (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Queer), han utilizado las identidades trans para justificar proyectos sociales, apropiándose de una realidad que no les corresponde.
Una denuncia con historia
Silueta X sostiene que es una práctica recurrente entre personas cisgénero -heterosexuales y de la comunidad LGBQ por igual, con sus excepciones- usar e instrumentalizar las identidades trans para fines personales o políticos. Al mismo tiempo, la organización aclara que no asume el rol de juez frente a ninguna historia de vida, y reconoce que pueden existir circunstancias personales complejas detrás de cada caso. Sin embargo, sostiene que ninguna de esas circunstancias justifica el uso de un derecho ajeno como herramienta en un proceso legal, en particular cuando ese derecho le ha costado a la comunidad trans sangre, exclusión y más de una década de lucha.
La propia Silueta X y sus aliados participaron en la construcción de ese marco legal, en muchos casos asumiendo riesgos directos, mientras hoy otros se benefician de esas conquistas sin haber atravesado la discriminación que las motivó.
Las demandas de Silueta X
La organización presenta tres exigencias concretas:
1. Al Registro Civil: implementar protocolos de acceso con los mismos plazos y criterios para todas las solicitudes, eliminando las trabas documentadas que afectan a personas trans.
2. A la Defensoría del Pueblo: activar una investigación sobre la aplicación desigual de la normativa registral entre personas trans y personas cisgénero en los casos descritos.
3. A la Corte Constitucional: emitir orientaciones interpretativas que reafirmen que la finalidad primaria de la norma es la protección de la identidad trans.
La posición de la organización
Silueta X reafirma su defensa del derecho a la rectificación registral de género y sexo sin requisitos médicos ni patologización, con plena autodeterminación, y recuerda que ese derecho fue construido a lo largo de más de una década de lucha de la comunidad trans en Ecuador.
Al mismo tiempo, la organización sostiene que defender un derecho implica protegerlo del uso que lo vacía de contenido. "La comunidad trans no puede seguir siendo la que paga el precio político del abuso de personas cisgénero que jamás han vivido la discriminación para la que esta ley fue diseñada", concluye el pronunciamiento de Silueta X.
