El Gobierno de Argentina prohibió formalmente el ingreso a todos los estadios de fútbol del país a las personas que registren deudas en el pago de la pensiones alimenticias de sus hijos. Esto se hizo mediante la Resolución Número 429/2026 emitida por el Ministerio de Seguridad Nacional.
La medida, de aplicación inmediata en todo el territorio federal, busca sancionar el incumplimiento de pensiones alimenticias utilizando los controles de acceso a los espectáculos deportivos masivos, cruzando las bases de datos de seguridad con el Registro Público de Alimentantes Morosos.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó la implementación de esta normativa de control a través de sus canales oficiales de comunicación, detallando que el reglamento técnico se estructuró a partir de un esfuerzo de coordinación institucional conjunta entre el Poder Ejecutivo y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.
Miles de deudores de pensiones alimenticias
El bloqueo en los accesos a los escenarios deportivos se mantendrá activo de manera indefinida para cada ciudadano infractor, hasta que se la liquide en la totalidad de sus obligaciones pendientes y resuelva formalmente su situación jurídica ante los tribunales competentes.
Esta disposición modifica de forma directa las reglas de operación del programa Tribuna Segura, un sistema informático de control biométrico aplicado por las fuerzas policiales en los perímetros de los estadios desde el año 2017.
Anteriormente, el filtrado digital restringía únicamente el acceso a ciudadanos con antecedentes comprobados de violencia en espectáculos deportivos, prófugos de la justicia con requerimientos judiciales o individuos con procesos penales en curso; no obstante, la nueva reforma añade la morosidad alimentaria como una causal independiente de exclusión.
Ya se aplicaban restricciones administrativas
Con base en los primeros análisis estadísticos del sistema, las autoridades proyectan que más de 13.000 personas perderán el derecho de ingresar a los partidos de fútbol profesional a nivel nacional. Ciertas jurisdicciones locales, como la provincia de Salta, ya aplicaban restricciones administrativas similares en sus torneos regionales con anterioridad a este decreto federal.
Adicionalmente, la Resolución 429/2026 endurece los protocolos de seguridad general, ampliando las causales de exclusión por actos de violencia física cometidos de forma individual o grupal durante los traslados hacia los recintos deportivos. Finalmente, el estatuto veta de por vida el acceso a cualquier ciudadano imputado por delitos tipificados en la Ley de Narcotráfico dentro de los espectáculos futbolísticos.
