La bancada de la Revolución Ciudadana anunció este 18 de febrero que analiza presentar un juicio político contra cuatro vocales del Consejo de la Judicatura (CJ). Esto, en medio del proceso en curso contra el expresidente, Mario Godoy, quien renunció horas antes de su interpelación en la Asamblea Nacional.

La asambleísta Viviana Veloz, promotora de la iniciativa, detalló que la medida respondería a presuntas responsabilidades compartidas en el manejo de la Función Judicial, influenciada por posibles incidencias del narcotráfico y control ejecutivo. 

El juicio político a Mario Godoy, ex titular del CJ, se desarrolla en la Asamblea Nacional pese a su dimisión presentada la mañana de este domingo. Godoy enfrenta acusaciones de negligencia manifiesta y presunto conflicto de intereses, según los proponentes de la Revolución Ciudadana. 

Acusaciones contra vocales y control ejecutivo

Veloz afirmó que los vocales Magaly Ruiz, Fabián Fabara, Alfredo Cuadros y Damián Larco, actual presidente encargado del CJ, comparten responsabilidad en las actuaciones cuestionadas junto a Godoy. Larco, ex director del Servicio de Rentas Internas (SRI), asumió el cargo tras ser seleccionado de una terna enviada por el presidente Daniel Noboa.

Veloz denunció que esta designación evidencia un control del Ejecutivo sobre la Función Judicial, lo que motivaría nuevos pedidos de juicio político una vez concluido el caso de Godoy.

"La Judicatura está bajo el control del Ejecutivo porque Damián Larco está en la presidencia"

Viviana Veloz, asambleísta de Revolución Ciudadana.

 El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) avanza en el proceso para elegir al nuevo presidente del CJ, con la terna ya enviada por la Corte Nacional de Justicia. 

Posiciones de legisladores y pruebas presentadas

Franklin Samaniego, también legislador de la Revolución Ciudadana y coproponente del juicio, insistió en que la sanción adecuada es la censura del ex titular, destacando la "negligencia manifiesta" en su gestión. Agregó que no se puede ignorar el presunto conflicto de intereses expuesto en las pruebas.

"La sanción que corresponde en este proceso es la censura del titular del organismo", indicó Samaniego, subrayando el valor de los elementos documentales y testimoniales presentados.

Por su parte, Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional y miembro de Acción Democrática Nacional (ADN), confirmó que la renuncia de Godoy no detiene el trámite. "El proceso seguirá su curso en el Pleno", declaró Olsen, adelantando que su bancada respaldará la censura durante la votación. 

Evaluación de pruebas e implicaciones institucionales

Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización y legislador de ADN, cuestionó la validez de la mayoría de las pruebas aportadas por el correísmo, considerando relevante solo la comparecencia del juez Carlos Serrano.

"A mi criterio, el único elemento relevante fue la comparecencia del juez Carlos Serrano", expresó Álvarez. Precisó que, tras la renuncia, la sanción posible se limita a la censura, sin destitución. No obstante, anticipó que ADN votará a favor de esta medida.

Veloz atribuyó la renuncia de Mario Godoy a la solidez de las pruebas, incluyendo comparecencias de jueces como Carlos Serrano y Christian Fierro, que evidenciaron responsabilidades políticas. "El cúmulo probatorio no puede quedar sin sanción", afirmó, reiterando el compromiso de su bloque con la fiscalización.