En un escenario político marcado por la reciente Convención Nacional de la Revolución Ciudadana en la ciudad de Manta y las crecientes tensiones en la Asamblea Nacional, la asambleísta de dicho movimiento Viviana Veloz analizó el panorama legislativo. En diálogo con Manavisión Plus, Veloz profundizó en las irregularidades que, según su bancada, rodearon la designación de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura y denunció una presunta persecución política en su contra.
-Antes de entrar al caso Mario Godoy y la fiscalización, ¿cuál es su balance de lo ocurrido el fin de semana en la Convención de la Revolución Ciudadana?
El sábado 16 y domingo 17 de enero, pese a los obstáculos que tuvimos que vivir por el bloqueo del gobierno del señor Daniel Noboa —que prohibió y luego, a través de una medida cautelar, pudimos realizar la convención en el lugar previsto— y los bloqueos a buses interprovinciales, la militancia se dio cita. Fue un evento que nos permitió abrazarnos nuevamente y compartir un espacio de diálogo. Deseamos lo mejor a nuestra compañera Gabriela Rivadeneira, quien asume la conducción del movimiento con una gran tarea en territorio. Seguimos con una perspectiva amplia de este cambio transformador que necesita de forma urgente el Ecuador.
-Entrando en materia de fiscalización, ¿considera usted que la designación de Mario Godoy fue irregular?
El problema del señor Mario Godoy no es solo una polémica coyuntural; es un conflicto político y jurídico muy serio. Su designación ha sido irregular porque el doctor Álvaro Román hasta hoy no explica cuáles fueron las presiones del Ejecutivo para incluirlo en la terna. Además, milagrosamente, al hijo del doctor Román lo premian con un cargo diplomático en el Consulado de Madrid. Colocar al señor Godoy demuestra una crisis estructural del sistema de justicia donde se han vulnerado principios como la independencia y transparencia para beneficiar a delincuentes peligrosos. El Gobierno no puede lavarse las manos.
-¿Tendrían también responsabilidad los vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) de comprobarse irregularidades?
Así es. El señor Mario Godoy tiene responsabilidad política por lo sucedido, como el caso de la señora Samantha Lozada, quien le entregó una lista de jueces aliados con el narcotráfico y el señor Godoy guardó ese expediente en un cajón. Los vocales del CPCCS tienen responsabilidad porque adecuaron los tiempos al capricho de Carondelet para colocar a Godoy. Esperamos que la solicitud de juicio político presentada por nuestro compañero Luis Fernando Molina sea admitida y que, tras evacuar el proceso de Godoy, empecemos con el enjuiciamiento a los vocales del CPCCS.
-Usted ha sido notificada ya como interpelante, ¿tienen listas las pruebas para sustentar este proceso?
Ya fuimos notificados formalmente. Quienes encabezamos este proceso, Javier Lazo, Franklin Samaniego, Liliana Durán, Raúl Chávez y mi persona; tenemos listas las pruebas documentales, testimoniales y periciales. Vamos a solicitar incorporar como prueba nueva la versión de la servidora judicial Samantha Lozada. Entre los llamados a comparecer están el doctor Serrano, el doctor Román, los vocales del CPCCS y el exsecretario de la Asamblea que denunció presiones en 2024.
-¿Cómo ve la posible influencia del oficialismo cuando llegue el momento de votar la censura en el pleno?
Que nadie se engañe. Si el oficialismo dio sus votos en el CAL y en Fiscalización, es por presión ciudadana, no por convicción. Ellos han dilatado los tiempos para darle oxígeno artificial a Godoy. Si ADN salva a Mario Godoy, se van a liquidar políticamente porque aumentará el rechazo ciudadano. Salvarlo es extinguir la poca autoridad moral que le queda al oficialismo. Una judicatura débil es una sentencia contra el ciudadano común, especialmente en provincias azotadas por la criminalidad como Manabí, Esmeraldas y Los Ríos.
-Usted denunció recientemente hostigamiento y persecución, responsabilizando al Gobierno. ¿Ha persistido esta situación?
Lo que ocurre conmigo es una reacción directa del poder frente a la fiscalización que he realizado en casos como Godoy, Helgueros o Poseidón. Se activó en mi contra un proceso judicial por "traición a la patria" que no tiene pruebas técnicas ni hechos verificables. Es una decisión política disfrazada de procedimiento judicial. He sido víctima de seguimientos extrajudiciales y acoso mediático.
Tengo un nivel de riesgo alto certificado por la Policía Nacional. Vamos a recurrir a instancias internacionales; el poder se les termina cuando uno les pierde el miedo.
Viviana Veloz, asambleísta de Revolución Ciudadana.
-¿Qué hacer para que la justicia deje de ser utilizada como una herramienta política en el Ecuador?
Hay que blindar la independencia judicial con hechos, no con comunicados. Se debe separar de inmediato a autoridades cuestionadas mientras son investigadas. La independencia se pierde cuando el poder político tolera interferencias. Desde la legislatura, debemos actuar con contundencia. También se requiere analizar reformas al Código Orgánico de la Función Judicial para elevar las credenciales éticas y académicas de quienes aspiran a estos cargos y evitar que estas acciones reprochables vuelvan a suceder.
