El Gobierno de España aprobó este martes un Real Decreto para iniciar una regularización extraordinaria que beneficiará a más de 500.000 personas extranjeras en situación irregular.

La medida, motivada por un acuerdo entre el PSOE y Podemos, busca integrar a estos ciudadanos en el sistema formal de Seguridad Social y sanidad, permitiéndoles obtener un permiso de residencia y trabajo por un año, siempre que acrediten su permanencia en el país y carezcan de antecedentes penales.

El Ejecutivo español ha dado luz verde a la mayor regularización migratoria de las últimas dos décadas. Esta medida responde a la necesidad de aflorar la economía sumergida y dignificar las condiciones de vida de quienes ya residen y trabajan en territorio nacional.

Según las estimaciones oficiales, el proceso impactará positivamente en el mercado laboral al dotar de seguridad jurídica tanto a los trabajadores como a las empresas contratantes.

A diferencia de otros procesos legislativos, esta reforma se ha articulado mediante un Real Decreto, una herramienta que permite al Ejecutivo implementar cambios sin la necesidad de una votación inmediata en el Congreso de los Diputados.

La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 600.000 firmas ciudadanas y el apoyo de diversas entidades sociales, incluyendo la Conferencia Episcopal Española, que ha valorado la medida como un avance hacia el bien común.

Para ser elegible, el solicitante debe haber ingresado o solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y demostrar una estancia mínima de cinco meses en el país.

Este requisito temporal es uno de los puntos clave, ya que busca atender la realidad de miles de personas que ya forman parte del tejido social pero carecen de estatus legal.

Requisitos y plazos de solicitud

El proceso de solicitud se habilitará de forma escalonada. A partir del 16 de abril, los interesados podrán iniciar el trámite de manera telemática a través de la web oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Posteriormente, desde el 20 de abril, se habilitará la atención presencial en oficinas de la Seguridad Social, sucursales de Correos y dependencias de extranjería seleccionadas.

Los candidatos deberán presentar documentos que acrediten su permanencia en el país. Además de los documentos habituales como el empadronamiento o contratos de alquiler, el Gobierno aceptará justificantes de envío de remesas.

Esta última inclusión es fundamental, ya que muchas personas en situación irregular enfrentan barreras administrativas para acceder a contratos oficiales o registros municipales, y las remesas sirven como prueba irrefutable de su actividad y residencia.

Un aspecto crítico del decreto es la exigencia de carecer de antecedentes penales. El solicitante no debe representar una amenaza para el orden público ni la seguridad del Estado. Una vez admitida a trámite la solicitud —proceso que no debería demorar más de 15 días— el inmigrante podrá comenzar a trabajar legalmente en cualquier sector y provincia, incluso antes de que se emita la resolución definitiva.

Impacto en la expulsión y derechos sociales

Uno de los beneficios inmediatos más relevantes es la suspensión de los procedimientos de retorno. Una vez presentada la solicitud, quedan paralizadas las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso previo.

Esto otorga una red de seguridad inmediata a los solicitantes, eliminando el temor a la deportación mientras se resuelve su expediente en un plazo máximo de tres meses.

La autorización inicial de residencia tendrá una vigencia de un año, con acceso pleno a la sanidad pública. Al finalizar este periodo, el titular podrá transitar hacia una autorización ordinaria bajo el reglamento general de extranjería.

La Ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha destacado que este modelo favorece una "integración plena y progresiva", extendiendo además la protección a los hijos de los solicitantes, quienes podrán recibir permisos de hasta cinco años.

La medida también tiene un componente de reagrupación familiar implícito, buscando que el núcleo básico del inmigrante se estabilice en España.

Este enfoque pretende evitar la marginalidad y asegurar que los nuevos contribuyentes se involucren de manera sostenible en la sociedad española, aportando al sistema de pensiones y al crecimiento económico general.

Contexto histórico y reacciones políticas

Esta regularización es la primera de este calibre desde el año 2005, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero regularizó a más de 570.000 personas.

Históricamente, tanto gobiernos del PSOE como del Partido Popular han acudido a este mecanismo; bajo la gestión de José María Aznar se realizaron tres procesos entre 1996 y 2001 que beneficiaron a medio millón de extranjeros.

No obstante, la oposición actual ha mostrado un rechazo frontal. El Partido Popular (PP) ha criticado que la medida no esté vinculada directamente a una oferta de empleo previa, calificándola de "regularización masiva".

Por su parte, el partido Vox ha anunciado que recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo, argumentando que la medida genera un "efecto llamada" y pone en riesgo la identidad nacional.

A pesar de la polarización política, el Gobierno sostiene que la medida es un acto de coherencia ética. La urgencia del decreto se justifica por la necesidad de dar respuesta a la precariedad laboral en sectores estratégicos como la agricultura y la hostelería, donde la mano de obra extranjera es vital, señala una nota de la BBC.

La integración de estos trabajadores no solo incrementa la recaudación fiscal, sino que también protege a los trabajadores de la explotación laboral. (10).