El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció una serie de medidas sancionatorias tras la crisis provocada por la falta de buses y la reducción de horarios en el transporte público, una situación que generó caos en la movilidad de la ciudad.
Muñoz manifestó con firmeza que no permitirá que la ciudad sea presionada ni extorsionada por las acciones del gremio de transportistas. Durante su pronunciamiento, calificó la decisión de los operadores de transporte como "irresponsable" y dejó claro que la ciudadanía no debe asumir las consecuencias de un conflicto que, según sus declaraciones, corresponde resolver principalmente entre los transportistas y el Gobierno Nacional.
Inicio de sanciones a las operadoras de transporte
El Municipio de Quito iniciará procesos sancionatorios contra los transportistas que incumplieron sus contratos. El Alcalde indicó que los operadores trabajan bajo acuerdos legales claros, los cuales establecen obligaciones sobre frecuencias y horarios de servicio.
Ante el incumplimiento, ordenó al secretario de Movilidad a iniciar todos los expedientes necesarios y descontar hasta el último minuto no operado, enfatizando que "el incumplimiento de los contratos se sancionará", según lo dijo a los medios locales.
Esta acción busca sentar un precedente y garantizar que el servicio vuelva a la normalidad, evitando que situaciones similares afecten nuevamente a los habitantes de la capital.
Suspensión del Pico y Placa para facilitar la circulación
Como parte de la respuesta para enfrentar el impacto inmediato en la movilidad, Pabel Muñoz dispuso la suspensión temporal de la medida de Pico y Placa durante la tarde del martes. Esta decisión busca agilizar el tránsito y mitigar los efectos negativos causados por la paralización de buses urbanos en diversos sectores de la ciudad.
También, el alcalde subrayó que, a pesar de los avances alcanzados en conversaciones previas con el gremio, la decisión de reducir los horarios de servicio representa un retroceso significativo en el proceso de diálogo entre las partes. Muñoz lamentó que "habíamos dado pasos adelante, pero esta medida significa varios pasos atrás", y recordó que el Municipio estaba enfocado en la modernización del transporte, incluyendo la próxima implementación de un sistema integrado de recaudo.
En sus redes, el burgomaestre señaló que, "en Quito no nos van a someter ni a presiones ni a formas de extorsión. Hay contratos firmados y se cumplen. He dispuesto iniciar expedientes sancionatorios y descontar hasta el último minuto en que no se haya prestado el servicio", puntualizó.
Llamado a la solidaridad ciudadana
Muñoz enfatizó que la ciudadanía de Quito no puede pagar los "platos rotos" de un diálogo estancado entre los transportistas y el Ejecutivo nacional. En este contexto, exhortó a los habitantes de la capital a manifestar solidaridad ante la situación adversa que enfrenta actualmente la movilidad urbana.
La administración municipal dejó en claro que no tolerará presiones ni formas de extorsión que afecten al bienestar colectivo, y reiteró su compromiso de mantener operativo el sistema de transporte urbano bajo las condiciones y servicios acordados previamente.
