Más de 100.000 ciudadanos se movilizaron en las principales ciudades de Chile para rechazar la retirada de más de una cuarentena de decretos ambientales ejecutada por el nuevo gobierno de José Antonio Kast.

La protesta, originalmente convocada por el Día del Agua, se transformó en un reclamo nacional ante lo que organizaciones civiles califican como una paralización masiva de instrumentos técnicos y administrativos que ya habían superado procesos de participación. El objetivo de la movilización fue exigir la vigencia de normativas que regulan desde la calidad del aire hasta la protección de ecosistemas marinos vulnerables.

Normativas y estándares técnicos bajo revisión

La decisión del Ejecutivo ha generado una respuesta inmediata de la sociedad civil organizada. No + Zonas de Sacrificio Chile lideró, junto a otras 250 organizaciones, la publicación de una declaración de alerta

Según Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, estos decretos son fundamentales para concretizar el derecho a vivir en un ambiente sano y dar cumplimiento a las obligaciones internacionales del Estado. La paralización afecta a normas de emisión para industrias y planes de descontaminación por material particulado fino y plomo, elementos críticos para la salud pública en zonas industriales.

Desde el sector legal y ambiental, se cuestiona el argumento de la "revisión" técnica planteado por las autoridades. Roxana Núñez, encargada de incidencia de Greenpeace Chile, señaló que la revisión técnica ya fue realizada por equipos ministeriales previos y que el proceso se encontraba en su etapa final de control legal en la Contraloría General de la República.

Esta interrupción en la transición de gobierno es descrita por los expertos como un hecho sin precedentes que detiene procesos que ya contaban con respaldo administrativo y científico.

La incertidumbre regulatoria no solo afecta a la industria, sino también a los instrumentos de adaptación al cambio climático. Entre los reglamentos suspendidos se encuentran piezas clave para la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), una estructura diseñada para unificar la gestión de los recursos naturales del país bajo un solo mando técnico.

La falta de estos reglamentos impide, en la práctica, que la nueva institucionalidad ambiental opere con total eficacia en el territorio nacional.

Impacto en la biodiversidad y áreas protegidas

Uno de los puntos más sensibles de la retirada de decretos es la protección de especies en peligro y la creación de nuevos santuarios naturales. Entre las medidas afectadas se encuentran los planes de recuperación de la ranita de Darwin y la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural.

Estas especies, endémicas o de alta vulnerabilidad, dependen de estos instrumentos jurídicos para asegurar el financiamiento y la ejecución de programas de conservación específicos frente a amenazas como el desarrollo industrial y la crisis climática.

En el ámbito marino, la preocupación se centra en la paralización de los parques nacionales Mar de Juan Fernández II y Nazca Desventuradas II, en la región de Valparaíso. Estas áreas fueron impulsadas por las comunidades locales y respaldadas por investigaciones de alta calidad, incluyendo datos del Smith Institute.}

Maximiliano Bello, experto de Blue Marine Foundation, recordó que estos decretos buscaban cerrar brechas de protección que habían quedado abiertas por presiones de la pesca industrial, completando un proceso de conservación iniciado hace más de una década.

Para los habitantes del archipiélago de Juan Fernández, la noticia ha supuesto un retroceso en años de gestión comunitaria. Julio Chamorro, presidente del consejo local de gestión de áreas marinas, destacó que esta es la primera vez desde 2008 que una administración retira decretos de este tipo.

El impacto no es solo ecológico, sino también simbólico, ya que el país aspiraba a proteger más del 50 % de su zona económica exclusiva, consolidando una imagen de liderazgo ambiental que hoy se encuentra bajo cuestionamiento internacional.

Consecuencias internacionales y presión política

La imagen de Chile ante la comunidad global es una de las principales preocupaciones de los sectores técnicos. Actualmente, el país posee un 43 % de su superficie marina protegida, y la entrada en vigor de los decretos suspendidos permitiría superar la meta mundial del 10 % de protección oceánica efectiva.

Además, la situación podría comprometer la postulación de Valparaíso como sede de la secretaría técnica del Tratado de los Océanos, un hito diplomático que requiere de una estabilidad institucional sólida en materia de conservación.

A pesar del hermetismo inicial del Ejecutivo, la presión social ha comenzado a generar los primeros movimientos en el Congreso Nacional. Legisladores de diversos sectores han instado al gobierno al reingreso de los decretos, logrando hasta la fecha que se retomen instrumentos específicos como el de la ranita de Darwin.

Sin embargo, las organizaciones ambientales insisten en que estas acciones son insuficientes, dado que no existe un cronograma claro ni transparencia sobre el destino de los otros 38 decretos restantes que permanecen en el limbo administrativo.

La falta de diálogo directo entre el gobierno y las organizaciones civiles ha motivado la creación de herramientas de fiscalización ciudadana. Ante la dispersión de datos oficiales, se lanzó el Observatorio de Decretos Ambientales, una plataforma desarrollada por la consultora NASP.

Este sistema automatizado permite a cualquier ciudadano monitorear en tiempo real el estado de las normativas, buscando democratizar el acceso a la información y evitar que los retrocesos ambientales ocurran sin el escrutinio público necesario en los territorios afectados. (10).