La movilización de carros nuevos desde el puerto de Manta entra en un escenario de tensión entre autoridades locales, TPM y el sector automotor. La propuesta de exigir un salvoconducto y aplicar una tarifa por cada unidad genera rechazo y abre un frente de discusión sobre normativa y costos.
Una resolución de la Empresa Pública Municipal Movilidad de Manta, con fecha de abril del 2024, establece que los vehículos nuevos importados que arriban al puerto deberán obtener un salvoconducto para circular por la red vial del cantón. Este documento se presenta como un requisito previo a la salida de las unidades desde las instalaciones portuarias.
El resurgir de una tasa suspendida
El conflicto se centra en una resolución aprobada en 2024, hace dos años, por el Directorio de la Empresa Pública de Movilidad de Manta en una sesión extraordinaria. Mediante la Resolución 003 del 18 de abril de 2024, se autorizó y estableció una tasa fija de $5,25 por unidad para la emisión de un salvoconducto de circulación para vehículos sin matrícula.
Esta tasa nunca fue cobrada en 2025, y el sector asegura no conocer por qué fue creada ni por qué no se cobró durante ese período.
El conocimiento oficial de su existencia sólo se generó recientemente, a través de un oficio o comunicación de la EP de Movilidad, donde se informaba que desde esta semana la Policía Nacional, como organismo de intervención, debía empezar a realizar controles para que los vehículos contaran con este salvoconducto.
La EP Movilidad de Manta está intervenida por la Policía Nacional desde el 10 de julio del 2025.
El sector portuario no fue notificado
El sector portuario y automotriz ha manifestado su rechazo "frontalmente" a esta "tasa impuesta" y al nuevo costo generado a la importación de vehículos.
Roberto Salazar, presidente de la TPM, indicó que ni ellos ni los concesionarios estaban enterados, hasta ahora, de esta situación. "Nunca fuimos informados, y esto tampoco fue socializado con el sector automotriz ni el sector portuario para medir los impactos", aseguró.
La principal queja radica en la falta de transparencia. La resolución se aprobó sin ninguna socialización ni consulta previa con el sector logístico, portuario y automovilístico para medir los impactos de tal decisión. Los importadores afirman que nunca fueron consultados sobre el monto o cómo impactaría la aplicación del costo. Ante el rechazo, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) emitió un comunicado junto con el sector en el que se rechaza la medida y se confirma la nula socialización con los actores involucrados.
Competitividad en riesgo
Salazar argumenta que la medida es "una tasa que va contra la competitividad" y que incidirá directamente en el encarecimiento de toda la operación portuaria. Destacó que el impacto final recae en el usuario, que ya compra vehículos de "segunda y tercera gama" a precios "carísimos" en Ecuador.
Actualmente Manta recibe cerca del 95% de los vehículos que ingresan al país. El año pasado, el puerto movilizó aproximadamente 63.000 unidades, de las cuales cerca de 23.000 fueron carros de transferencia destinados a otros países como Perú y Colombia.
El riesgo inminente es que, al encarecer la operación, los importadores opten por otros puertos. Si la tarifa solo es una directriz de la empresa de Movilidad de Manta y no ocurre en otros puertos, la importación de vehículos podría sencillamente "irse a otro puerto", perdiendo una carga que ha llegado a picos de 90.000 operaciones, explicó Salazar. Además, la tasa también lesionaría el empleo de "cientos de personas" contratadas por servicios particulares para realizar la actividad de movilización de vehículos desde el Terminal Portuario de Manta (TPM).
Un conflicto jurídico y la suspensión de controles
Salazar también señaló un problema de índole jurídico. Ya existe una normativa nacional establecida por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en 2022. Dicha normativa permite que los vehículos en proceso de movilización sean trasladados con su guía de remisión, que es el documento que han venido usando todos los importadores. Por lo tanto, la normativa local "no puede estar sobre esta normativa nacional", lo que, según Salazar, es un "tema jurídico que impide la aplicación" de la medida.
Ante la presión generada y la oposición de la AEADE, la aplicación de la tasa y las acciones de control están actualmente suspendidas. Se ha solicitado una reunión con la autoridad portuaria, el concesionario (TPM), los importadores, y la empresa de Movilidad para tratar la situación e informar sobre el porqué de la medida.
Pedro Zuloaga, coordinador general ejecutivo del Municipio de Manta, se referirá a este tema este miércoles 6 de mayo. Él es quien firma la resolución como presidente delegado en el directorio.
