La gestión de la Fiscalía Provincial de Manabí durante 2025, expuesta por su titular Rubén Balda en su informe de rendición de cuentas, describe una institución operando con necesidad de agentes fiscales. En una provincia que supera los 1,7 millones de habitantes (1.715.057 según proyecciones censales), el discurso institucional enfatiza transparencia e innovación como pilares de confianza; sin embargo, la realidad estadística revela fragilidad comparando cifras.
Durante el ejercicio fiscal, la entidad ejecutó el 99,33% de un presupuesto de inversión y gasto operativo asignado de $286.203,61. Aunque administrativamente eficiente, este monto resulta marginal para sostener la demanda que descansa sobre apenas 49 agentes fiscales.
Esta desproporción sugiere que, a pesar de la optimización de los recursos existentes, la Fiscalía enfrenta una limitación estructural que se asienta en una carencia de capital humano.
Tasas Actuales frente al Estándar Nacional
La tasa de agentes fiscales por habitante se convierte en un indicador de la capacidad de respuesta ante la criminalidad. Una presencia minoritaria de funcionarios en el territorio demuestra una dilación procesal, si se contempla el número de causas en proceso.
En Manabí, la brecha entre la dotación actual y las metas de planificación estatal está así:
| Indicador | Realidad Actual Manabí (2025) | Estándar Plan Nacional (2025-2029) |
|---|---|---|
| Tasa de fiscales por cada 100.000 habitantes | 2,92 | 8,00 |
| Número de agentes fiscales operativos | 49 | 136 |
| Déficit absoluto de agentes | 87 | -- |
Este déficit de 87 agentes fiscales evidencia una asfixia procesal. Mientras el Plan Nacional de Desarrollo aspira a triplicar la tasa actual para 2029, la realidad de 2025 sitúa a Manabí con menos de tres fiscales para atender a cada 100.000 ciudadanos, delegando en los funcionarios actuales una carga de trabajo que erosiona la calidad de la investigación penal.
Matemática de la carga procesal
La desproporción entre el volumen de criminalidad y el personal de agentes fiscales disponibles genera un embudo administrativo de dimensiones críticas. En 2025, la provincia registró 23.839 noticias de delito, de las cuales se derivaron 22.978 investigaciones previas.
Al prorratear esta cifra entre los 49 agentes fiscales, se determina que cada funcionario debió gestionar un promedio de 468 nuevas causas anuales, ignorando el inventario de procesos acumulados de años anteriores.
La severidad del cuello de botella se manifiesta en la resolución: de las casi 24 mil denuncias, solo en 1.863 casos se logró la formulación de cargos. Este descarte procesal del 92% subraya la incapacidad del sistema para procesar la complejidad de los delitos de mayor incidencia:
- Violencia y Género: 3.565 noticias de delito reportadas.
- Delitos contra la Vida: Asesinatos y sicariatos de alta conmoción.
- Inseguridad Ciudadana: Robo, extorsión, intimidación y estafa.
- Crimen Organizado: Tráfico ilícito de sustancias y secuestro extorsivo.
En la provincia de Pichincha el número de agentes fiscales es de 157 con un promedio de 4,76 fiscales por cada 100 mil habitantes. En su última rendición de cuentas, la Fiscalía de Pichincha detalló que tiene un déficit de 34 funcionarios para estos menesteres. En promedio, en esa provincia cada fiscal atendió 467,1 casos nuevos en el 2025.
Referencia internacional y media regional
La operativa de Manabí dista de los estándares técnicos internacionales para una justicia oportuna, según la referencia de otros países y recomendaciones de entes regionales. Organismos como las Naciones Unidas y la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) señalan que la densidad de agentes fiscales es un pronóstico directo de la eficacia del sistema.
Si bien el estándar de 8 fiscales por cada 100.000 habitantes es la meta del Plan Nacional ecuatoriano, para alinearse con estas recomendaciones, Manabí opera con apenas el 36% de ese ideal, de acuerdo con los datos de Fiscalía, haciendo operaciones matemáticas simples.
Esto sitúa a la provincia en un estado de vulnerabilidad donde la investigación preprocesal —eje de la lucha contra la impunidad— se ve reducida a un trámite administrativo saturado, alejándose de los marcos de calidad recomendables para garantizar procesos judiciales.
Anatomía de las audiencias fallidas: responsabilidades y causas
Durante 2025, se convocaron 15.155 audiencias en la provincia, de las cuales 7.960 resultaron fallidas: aproximadamente el 52,52% de las audiencias. Esto implica que, en promedio, se frustraron aproximadamente 32 audiencias por cada día laborable del año.
Motivos de las audiencias fallidas, según Fiscalía:
- Audiencias Fallidas Totales: 7.960 (52,5% de efectividad negativa).
- Responsabilidad de la Fiscalía: Solo 1.491 diferimientos (18,7% del total de fallidas) fueron solicitados por agentes fiscales.
- Responsabilidad de otros actores: 6.469 audiencias no se ejecutaron por causas ajenas a la Fiscalía (28,78%).
Las causas de este estancamiento procesal se distribuyen entre diversos actores del sistema de justicia:
- Inasistencia o falta de comparecencia de defensores públicos y privados.
- Ausencia de procesados, víctimas o testigos clave.
- Deficiencias en el sistema de notificaciones de las unidades judiciales.
- Saturación de agenda y limitaciones logísticas en las judicaturas.
Jurista opina sobre número de agentes fiscales
El jurista Kavir Briones se refirió a la relación entre el número de agentes fiscales y la carga procesal en Manabí, en el contexto de los datos presentados por la Fiscalía. A su criterio, la limitada cantidad de agentes frente al volumen de causas tiene efectos directos en el desarrollo de los procesos penales.
"Uno de los efectos es la acumulación de causas, que es uno de los problemas más álgidos por los que atraviesa el Ministerio Público", señaló. Según explicó, esta situación incide en los tiempos y en la preparación de los casos, debido a la presión por evitar la prescripción de las causas o la caducidad de medidas como la prisión preventiva.
Briones agregó que este escenario puede impactar en la obtención de elementos necesarios dentro de la investigación. "Puede provocar también que no se obtengan todos los elementos de convicción que se requieren para probar o la existencia del delito o la responsabilidad", indicó, al referirse a la relación entre la materialidad del hecho y la identificación de responsables.
En el caso de Manabí, hizo referencia a la estructura disponible en ciertas áreas: "Aquí en Portoviejo, de delitos contra las personas hay una sola unidad; de delitos sexuales hay solo dos unidades".
Finalmente, atribuyó la designación de agentes fiscales a otra instancia institucional que no es la Fiscalía. "Aquí sí quiero calificar el término desidia (...) La inacción que registra el Consejo de la Judicatura", sostuvo.
